Liberal del Sur – Periodismo Trascendente Noticias de Coatzacoalcos y el Sur de la Región
En el artículo anterior hablamos que a mediados de marzo de 2021, Amnistía Internacional no había recibido aún ninguna respuesta del gobierno mexicano a su carta del 14 de diciembre. Mientras tanto, el 11 de diciembre de 2020, tres días después de presentarse el plan inicial a la prensa, Amnistía Internacional recibió la respuesta a una solicitud de acceso a la información que confirmaba que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud “[había realizado] una búsqueda exhaustiva en los archivos de expresión documental y electrónica respectivos y la Subsecretaría no había generado ni conservado información en los términos planteados en dicha solicitud”. A este respecto, de los 17 gobiernos contactados, el de Guatemala es el único que ha proporcionado hasta ahora a Amnistía Internacional copia de las actas de las reuniones de expertos mantenidas para elaborar el plan de vacunación.
De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, Colombia es el único país de la región que ha sometido su decreto sobre el plan nacional de vacunación a un proceso de consulta. El borrador del plan se publicó al final de diciembre de 2020, tras lo cual se invitó a organizaciones, expertos y comunidades a presentar sus comentarios al plan durante un periodo de cuatro días a mediados de enero de 2021. El plan definitivo que se publicó contenía cambios que lo hacían más exhaustivo, como la inclusión de una mención específica a los pueblos Indígenas en los grupos prioritarios para la distribución de las vacunas. En Colombia la vacunación comenzó a finales de febrero de 2021.
La adopción de una perspectiva de derechos humanos es especialmente importante para examinar cómo la discriminación sistémica ha afectado al acceso de los grupos marginados y en situación de riesgo a los servicios de salud. De acuerdo con el CESCR, es importante observar que determinados grupos o personas deben ser especialmente protegidos para evitar la discriminación, en particular en relación con las nuevas aplicaciones de la ciencia, como es el caso de las vacunas. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el acceso a las vacunas y los medicamentos es alarmantemente desigual en muchos lugares, y los índices de infección por Covid-19 y los resultados para las minorías y las personas de grupos vulnerables han reflejado estos patrones, debido en parte a la desigualdades estructurales y la discriminación.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales han señalado: “Los Estados deben dar prioridad a la vacunación de las poblaciones en mayor vulnerabilidad frente al Covid-19; asegurando al tiempo que las personas bajo su jurisdicción no sean discriminadas por la falta de inmunización. En cuanto a la definición de criterios de priorización en el acceso a la vacunación para prevenir el Covid-19, la CIDH y su REDESCA instan a los Estados a que sus decisiones se basen en las necesidades médicas y de la salud pública, como en la mejor evidencia científica disponible, en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos que los obligan y en los principios aplicables de la Bioética”.
La OMS estable específicamente que, durante los grandes brotes que se producen en un “contexto de transmisión comunitaria”, el objetivo es la reducción de la morbilidad y la mortalidad y el mantenimiento de servicios esenciales críticos, teniendo presente al tiempo a “los grupos que han de afrontar riesgos desproporcionados para mitigar las consecuencias de esta pandemia”, como el personal sanitario.
Contar con datos precisos sobre el riesgo en relación con el Covid-19 para diferentes grupos y regiones será importante para evaluar cuáles podrían estar sufriendo discriminación en el acceso a los servicios de salud.
Este análisis es esencial para elaborar una campaña de vacunación que sirva con eficacia para reducir la morbilidad y la mortalidad en la propagación del virus conforme a las directrices de la OMS.
En términos de datos disponibles, según un panorama general de las tendencias planteadas por la desigualdad en 2020, publicado por el Banco Mundial, “las personas empujadas a la pobreza por la Covid-19 pueden, a su vez, diferir de la actual población pobre del mundo en otros aspectos. A nivel nacional, una gran parte de las personas en situación de pobreza extrema viven en zonas rurales, mientras que muchos de los nuevos pobres posiblemente vivan en entornos urbanos superpoblados, lo que puede contribuir a la propagación de infecciones.
Los pueblos indígenas de América Latina llevan siglos sufriendo sistemáticamente exclusión de las políticas públicas y marginación debido a la discriminación. Aunque varios países han incluidos a los pueblos indígenas entre los grupos prioritarios en sus fases de distribución de las vacunas, de los 13 que han publicado en la región su plan nacional de vacunación, seis no mencionan en él ningún protocolo para los pueblos Indígenas, a saber, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana.
Fuentes: https://www.amnesty.org
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