Liberal del Sur – Periodismo Trascendente Noticias de Coatzacoalcos y el Sur de la Región
En el artículo anterior hablamos la OMS ha proporcionado orientación y una lista completa de control para determinar lo que debe tenerse en cuenta en tales planes, a los que denomina “planes nacionales de despliegue y vacunación.”
Hay varios países que no han publicado ningún plan ni protocolo oficial, sino sólo una serie de declaraciones que no ofrecen una hoja de ruta clara sobre la cuestión, como es el caso de Cuba, Nicaragua, Ecuador y Venezuela. Uruguay, que durante 2020 se consideró un ejemplo por su rápida respuesta a la pandemia de Covid-19 y sus bajos índices de transmisión, sufrió un repunte de las infecciones a finales de 2020 y ha ofrecido información pública limitada sobre su campaña de vacunación. El país comenzó a vacunar a su población a principios de marzo sin haber publicado un plan nacional de vacunación completo.
Aunque la publicación de los planes de vacunación en Internet es un primer paso importante, lo cierto es que casi el 40 % de los hogares de América Latina y el Caribe no tienen acceso a Internet. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en relación con los vacunas contra el Covid-19, los Estados deben también esforzarse por garantizar el acceso más amplio posible al servicio de internet tomando medidas para reducir las brechas digitales, incluida la brecha digital de género. No bastará con publicar los planes en Internet, sino que debe intentarse su difusión en otros canales, como la radio, especialmente las emisoras de radio comunitarias de poblaciones indígenas o afrodescendientes, y otros medios. Asimismo, deben traducirse a otros idiomas hablados en el país lo más rápidamente posible. Varios países han producido materiales sobre el Covid-19 en lenguas indígenas durante el primer año de la pandemia, y deben tomarse con urgencia iniciativas de este tipo en relación con los planes nacionales de vacunación.
Además de hacer públicos los planes y facilitar el acceso, los gobiernos de la región deben garantizar que toda distribución de vacunas está basada en sólidos mecanismos de participación y consulta. Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), una de las principales lecciones aprendidas de la pandemia de VIH/SIDA es que los gobiernos necesitan “involucrar a las comunidades afectadas desde el inicio en TODAS las medidas de respuesta para generar confianza, garantizar acciones adecuadas y eficientes, evitar daños indirectos o no intencionados y garantizar el intercambio frecuente de información. Las lecciones aprendidas de otras epidemias, como los recientes brotes de enfermedad por el virus de Zika registrados en varios países de América Latina, demuestran que la participación es clave para toda la implementación de los mecanismos de respuesta a las enfermedades. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la sociedad civil y las comunidades han de poder participar de manera significativa en la elaboración de los protocolos de distribución de las vacunas y en las políticas relativas a las prioridades de asignación. Además, la OMS explica que los planes de vacunación debe conformarlos un comité de planificación de varios sectores, incluida la sociedad civil.
Este aspecto es de especial importancia en el caso de los grupos de personas que sufren discriminación histórica en la región, como los pueblos Indígenas. Los planes para llegar a ellos han de ser culturalmente apropiados y deben elaborarse con ellos, garantizando su consentimiento libre, previo e informado. Otros grupos que sufren discriminación estructural son las personas afrodescendientes, las refugiadas y migrantes, las LGBTIQ+, las dedicadas al trabajo sexual y las de bajos ingresos o que viven en la pobreza.
En México, el plan nacional de vacunación inicial se anunció en una conferencia de prensa el 8 de diciembre de 2020, en la que el principal responsable de la respuesta del país al Covid-19 dijo que el plan estaba basado en varios meses de debates con un comité de expertos de varias disciplinas, incluidas, las ciencias, las ciencias sociales y los derechos humanos. El grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV), como se llama este comité, está formado por alrededor de una treintena de expertos de instituciones científicas, el mundo académico y organizaciones internacionales. No obstante, viendo que en el proceso de consulta no se había incluido a ninguna organización de la sociedad civil ni a representantes de las comunidades más afectadas, el 14 de diciembre la Amnistía Internacional envió a la Secretaría de Salud mexicana una carta con una serie de preguntas sobre la propuesta de plan, junto con criterios de derechos humanos que podrían tenerse en cuenta, invitando al gobierno al diálogo a este respecto. México publicó su plan nacional de vacunación definitivo el 11 de enero de 2021. A mediados de marzo de 2021, Amnistía Internacional no había recibido aún ninguna respuesta del gobierno mexicano a su carta del 14 de diciembre. Mientras tanto, el 11 de diciembre de 2020, tres días después de presentarse el plan inicial a la prensa, Amnistía Internacional recibió la respuesta a una solicitud de acceso a la información que confirmaba que la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud “[había realizado] una búsqueda exhaustiva en los archivos de expresión documental y electrónica respectivos y la Subsecretaría no había generado ni conservado información en los términos planteados en dicha solicitud”. Es preocupante que en los meses de consultas y deliberaciones del GTAV no hayan quedado registrados en ella ni para esta ni para futuras pandemias. A este respecto, de los 17 gobiernos contactados, el de Guatemala es el único que ha proporcionado hasta ahora a Amnistía Internacional copia de las actas de las reuniones de expertos mantenidas para elaborar el plan de vacunación.
CONTINUARÁ…
Fuentes: https://www.amnesty.org
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