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Al aplaudir la liberación de 74 mujeres normalistas del penal El Amate, en Chiapas, la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dijo que la actuación de servidores públicos, juzgadores y gobiernos sin una perspectiva de género provoca la obstaculización del sistema de justicia en nuestro país.
“Obtuvieron su libertad a través de un cambio en las medidas cautelares 74 mujeres que estaban privadas de su libertad en El Amate, Chiapas. Yo estoy segura que la perspectiva de género en el juzgado y el juzgador estuvo presente y eso me da mucho gusto”, declaró la titular de Segob, al inaugurar el segundo Curso de Capacitación sobre Feminicidios, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia con Perspectiva, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Hizo un llamado para continuar con la capacitación de los servidores públicos para evitar la revictimización de las mujeres en casos de violencia de género, y alertó que la situación de vulnerabilidad “que nos encontramos frente al sistema de justicia impide que disfrutemos una vida libre de violencia, aunado a esta situación extendida y generalizada, lamentablemente hoy en día persisten con insistencia las visiones estereotipadas sobre las mujeres, se nos califica como merecedoras, mártires, incluso provocadoras de los actos de violencia en nuestra contra, así la realidad tan lacerante”.
Subrayó que, si los valores socioculturales discriminatorios afectan la investigación de los casos y la valoración de la prueba, se obstaculiza el acceso a la justicia, se acallan las voces y demandas de las mujeres, y se perpetúa la desigualdad de género.
“Esto es inadmisible, esto tiene que cambiar, esta realidad es otra ya. Si este imaginario discriminatorio de estereotipos y prejuicios existe también entre nuestras mismas personas servidoras públicas, nos encontramos frente a una paradoja, porque sin perspectiva de género no es posible la administración de justicia”, aseguró.
Para revertir la normalización de estas conductas –continuó–, los Estados tenemos obligaciones concretas, específicamente respecto a nuestras personas servidoras públicas, cuyos actos son de especial trascendencia para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia.
Sostuvo que los órganos y agentes estatales deben abstenerse de incurrir en todo acto o práctica que discrimine directa o indirectamente a las mujeres, y son responsables de prevenir tales actos mediante la capacitación y la aplicación de disposiciones jurídicas.
Afirmó que la obligación de las autoridades involucradas en la administración de justicia es doble, como miembros de una sociedad respetuosa de los derechos humanos y como personas servidoras públicas garantes de los derechos humanos de las mujeres. Aseveró que este curso hace sensibles a los problemas de la subordinación de las mujeres, permite identificarlo, entenderlo, abre la puerta a explorar formas de hacerlo operante.
Indicó que también debilitará las profundas raíces culturales del sistema patriarcal que ha sido parte de la historia; se tiene esa responsabilidad y el compromiso que el trabajo cotidiano en los ministerios públicos, las fiscalías, los tribunales, el Poder Judicial y en la seguridad jurídica se garantice este acceso a la justicia con igualdad.
“Si logramos imbuir nuestras funciones de perspectiva de género crítica y puntual seremos testigos de una transformación de las prácticas que inviabilizan y naturalizan la violencia de género”, enfatizó, al insistir en la relevancia de capacitar en la materia ante hechos como el caso en Ciudad Juárez, Chihuahua, conocido como Campo Algodonero.
Puntualizó que “imagínense si no es importante que tengamos esta capacitación, revictimizar constantemente, naturalizar la violencia, invisibilizarla, porque no se tiene el concepto de perspectiva de género para la investigación, judicialización e impartición de justicia”.
En esta ocasión serán capacitadas 608 personas con perfiles en derecho, psicología, criminología, ciencias forenses, ciencias médicas y trabajo social, cuya labor se concentra en fiscalías estatales y Centros de Justicia para las Mujeres, además de 25 instituciones más como secretarías de Seguridad Pública, comisiones estatales de seguridad, comisiones ejecutivas estatales de atención a víctimas e institutos estatales de las mujeres, entre otras.
Los temas durante el curso son aproximaciones a la violencia contra mujeres y niñas desde la perspectiva de género; panorama nacional sobre las violencias contra dicha población; marcos normativos, sentencias y precedentes judiciales; criterios y aplicación de la investigación pericial; y mecanismos de atención con perspectiva de género.
Agencias/Chiapas
