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El consultor Luis Eduardo Álvarez Puga, quien en el pasado fue investigado por asesorar empresas que supuestamente defraudaban al fisco mediante esquemas de outsourcing, presentó un amparo contra una posible orden de aprehensión girada por delitos federales.
Breyman Labastida Martínez, Juez Sexto de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, admitió su demanda y en un principio le otorgó la suspensión de plano y provisional contra cualquier mandamiento privativo de libertad, según registros judiciales.
Las primeras autoridades judiciales y ministeriales que fueron requeridas por el juez negaron la existencia del mandamiento de captura, razón por la que negó la suspensión definitiva en contra de ellas, al no haber un acto del que debiera ser protegido el quejoso. Sin embargo, Álvarez Puga también solicitó la protección de la justicia contra otras autoridades que hasta el momento no han informado sobre el acto que reclama.
Por ello, el juez aplazó hasta después del 11 de enero la audiencia en la que iba a resolver si le daba la suspensión definitiva contra las autoridades restantes.
A Álvarez Puga se le fijó el pago de una garantía de 7 mil 500 pesos cuando se le concedió la suspensión inicial, aunque el juez le precisó que dicha protección judicial no iba a evitar que fuera privado de su libertad en caso de haber una orden de captura por un delito con prisión preventiva de oficio.
El 22 de abril de 2010 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catearon las oficinas del despacho de abogados y contadores Álvarez Puga y Asociados, del cual el ahora solicitante del amparo era uno de los responsables.
México
Abel Barajas/Reforma
