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Juan, un testigo clave en las indagaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el actual titular de la seguridad capitalina, Omar García Harfuch recibía mensualmente 200 mil dólares del cártel Guerreros Unidos.
La declaración del testigo protegido, a la que Grupo REFORMA tuvo acceso, refiere a sobornos de dicha organización criminal a distintos mandos militares y policiacos para que les dejaran operar con impunidad en el estado de Guerrero.
“Quiero señalar que era parte del grupo Guerreros Unidos, pues recibía dinero de nosotros, Omar García Harfuch, esto en el año 2014; recibía 200 mil dólares por mes, ya que era el encargado de la Policía Federal en el estado de Guerrero y el dinero que se le daba era porque permitía el trasiego de la droga”, dice.
Omar García Harfuch, era coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) en Guerrero, durante el 2014. “Omar García Harfuch, jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero, brindaba información sobre posibles operativos y facilitaba el trasiego de heroína, dinero y armas, los de Taxco y los (de) Guerrero, el único que supuestamente no estaba de acuerdo era el señor Dorantes”, asegura el declarante cuya identidad está reservada.
Cono testigo protegido, Juan es profuso en detalles sobre cómo ocurrieron los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala donde desaparecieron 43 normalistas y, según su dicho, fueron muertos y desaparecidos al menos 30 personas más, presuntos sicarios de un grupo contrario a los Guerreros Unidos.
La relevancia de su testimonio es que ha dado pie a encontrar restos de normalistas a partir de las coordenadas que él ha señalado y ha fundamentado las órdenes de aprehensión contra 18 militares por su implicación en el caso.
Uno de ellos, el capitán del Ejército José Martínez Crespo, se encuentra detenido y sigue su proceso en la cárcel del Campo Militar Número 1.
En el marco de esa declaración es donde Juan implica a García Harfuch y a otros mandos. Según el testigo, el ahora jefe de la policía capitalina estaba “bien conectado” con la milicia por sus vínculos familiares, en referencia a que es nieto del General Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional de 1964 a 1970.
EN LA NÓMINA
Juan refiere que la nómina de Guerreros Unidos incluía a los Batallones 27 y 41 de Infantería, a cuyos militares pagaban 60 mil a 120 mil pesos, según el rango, aunque señala que había un General que recibía hasta 5 millones de pesos.
Otros funcionarios que señala son Leonardo Octavio Vázquez Pérez e Iñaki Blanco, secretario de Seguridad Pública y Procurador de Guerrero respectivamente, en el gobierno del perredista Ángel Aguirre. Estos funcionarios recibían 50 mil dólares mensuales, según el dicho de Juan.
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