Liberal del Sur – Periodismo Trascendente Noticias de Coatzacoalcos y el Sur de la Región
En el artículo anterior hablamos que desde hace unas décadas estamos frente a lo que Ulrich Beck y otros sociólogos contemporáneos han caracterizado como “la sociedad del riesgo”.
El riesgo cero no existe, por lo que siempre se presentarán contratiempos imprevistos.
Sin embargo, cuando la autoridad encargada de anticiparse a ellos decide de manera consciente desdeñar todo tipo de evidencia científica.
Y asumir perjuicios que pudieron y debieron haber sido mitigados, su actuación debe calificarse como negligente.
En especial cuando el costo de cuidado es infinitamente menor que el daño esperado.
La conducta negligente de las autoridades debe dar lugar a responsabilidades jurídicas.
Ello no significa otra cosa que una determinada persona ha satisfecho las condiciones necesarias y suficientes para ser sentenciado a sufrir una sanción.
Lo cual en este caso se traduce en el incumplimiento de la obligación de evitar daños previsibles.
Las anteriores consideraciones son de la mayor importancia en el contexto de la pandemia que estamos viviendo.
Si, como ya quedó señalado, las normas determinan el estándar óptimo de conducta que debe seguirse para evitar las sanciones y las consecuencias catastróficas, en los próximos meses asistiremos a dos cosas.
En primer lugar, la actualización de los riesgos que se tratan de evitar mediante el cumplimiento de las normas jurídicas.
Así, veremos contagios, muertes, lesiones, desempleo y muchos otros males sociales.
No como consecuencia de hechos naturales en sí mismos considerados.
Sino como consecuencia del incumplimiento de lo establecido en diversas normas jurídicas.
En segundo lugar, y en mucho como consecuencia de lo anterior, veremos la apertura de los procesos.
En los que se determinará el incumplimiento de las normas mediante las cuales se buscó evitar los riesgos.
Pero también las responsabilidades de quienes concretamente lo hicieron.
La pandemia, en cuanto a crisis de salud pública, se acomodara con el proceso de vacunación que cada vez parece más posible, aun cuando no necesariamente cercano.
Los efectos económicos, lenta y penosamente, se irán ajustando y recomponiendo en los años por venir.
Los procesos jurídicos, por su parte, comenzarán a abrirse en los próximos meses.
En ellos se determinarán faltas, ausencias, responsabilidades y culpables, sino de todo, sí de mucho de lo que ha sucedido y está sucediendo en el país.
De los riesgos que pudieron evitarse mediante el cumplimiento estricto de las normas jurídicas vigentes.
Así como de las responsabilidades que deberán establecerse por el desprecio al derecho.
Fuente: https://revistas.juridicas.unam.mx/
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Gabriel Alberto Ramírez Nazariego
