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Las leyes y tratados internacionales suscritos por México en los que se reconoce que todas las personas deben gozar de los mismos derechos, “han sido insuficientes” para lograr una democracia “incluyente de calidad”, ya que integrantes de los grupos históricamente discriminados siguen encontrando obstáculos para ejercer plenamente sus garantías políticos y electorales, aseguró Janine Otálora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Indicó que dicha situación se debe “a las resistencias de actores que desde posiciones privilegiadas invisibilizan las necesidades de quienes están en una situación de vulnerabilidad y les impiden acceder a los espacios políticos que les pertenecen”.
Apuntó que desde enero del 2023 a la fecha la Defensoría Pública Electoral ha atendido a cerca de 4 mil personas.
En la conferencia magistral “El acceso a la justicia para poblaciones históricamente discriminadas”, que impartió en la Jornada por la defensa de los derechos político-electorales, Otálora enfatizó que estas garantías no pueden depender de las prioridades que establezcan las agendas de quienes ostentan el poder político.
“Por el contrario, estos derechos político electorales son irrevocables y deben ser efectivos, independientemente de la conformación de las fuerzas políticas en nuestro país”, sostuvo.
Señaló que quienes padecen las transgresiones más graves, suelen ser personas que también enfrentan obstáculos para defender sus derechos. Entre los desafíos para acceder a la justicia electoral, destacan: carecer de los recursos necesarios para contratar a un abogado o abogada, la imposibilidad de comunicar sus exigencias debido a diferencias culturales o lingüísticas o incluso el desconocimiento de sus derechos y la vía para defenderlos, entre otros.
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AGENCIAS
