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Extorsiones, secuestros, desapariciones forzadas, robos y asesinatos son algunos de los delitos que azotan a los migrantes que son devueltos por Estados Unidos a la frontera norte de México, denunciaron organizaciones civiles.
El informe “En la boca del lobo” se centró en los 68 mil 392 migrantes registrados entre enero de 2019 y octubre pasado que fueron enviados al lado mexicano por la Administración de Donald Trump bajo el programa “Quédate en México”.
Los extranjeros incluidos en esa iniciativa son obligados a esperar sus audiencias de solicitud de asilo ante tribunales estadounidenses en ciudades fronterizas del norte de México como Tijuana y Mexicali, en Baja California; Nogales, en Sonora; Ciudad Juárez, en Chihuahua, y Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas.
“Hasta noviembre de 2020, más de 68 mil personas sujetas a dicho programa han sido devueltas desde EU hacia ciudades de la frontera norte mexicana, donde enfrentan una multiplicidad de situaciones de riesgo social, agravadas por la pandemia de Covid-19”, estableció el reporte.
“El permanente estado de vulnerabilidad -que constituye una crisis humanitaria- en el que se encuentran las personas sujetas a este programa contribuye a violaciones de sus derechos humanos, siendo un escenario de especial riesgo para las personas de grupos en vulnerabilidad social”.
Aunque los delitos contra los extranjeros son cometidos por bandas criminales, el documento denunció violaciones a los derechos humanos cometidas por el Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y la Guardia Nacional.
“Si regreso a mi país me matan”; “salimos en la madrugada porque ya nos habían amenazado, dejamos todo”; “a mi hermano lo mataron”; “querían que me uniera a la banda”; “mataron a mi esposo y a mi hijo”; “se llevaron a mi hija”, son algunas frases que se repiten en los testimonios recabados por las organizaciones.
El documento fue elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), en coordinación con el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Asylum Access México y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Las organizaciones advirtieron que la firma del acuerdo “Quédate en México” se dio a través de la Cancillería, dependencia que no tenía facultades en temas migratorios, por lo que pidieron al Gobierno anular el convenio.
El estudio señaló además que el Gobierno estadounidense reconoce la letalidad de la frontera norte de México y aún así envía a los migrantes a diversas ciudades limítrofes a que esperen sus audiencias.
“Las personas solicitantes de asilo en EU y sujetas al programa ‘Quédate en México’ son enviadas a ciudades de la frontera norte en las que corren riesgos de secuestros, abuso sexual, tortura, extorsión y demás delitos contra las personas migrantes perpetrados por la macrocriminalidad”, indicó.
“Son cientos los casos de personas sujetas al programa que han sido víctimas de diversos delitos y formas de violencia, incluso en lugares donde deberían sentirse seguras como las oficinas del Instituto Nacional de Migración mexicano”.
MÉXICO
CÉSAR MARTÍNEZ/REFORMA
