Liberal del Sur – Periodismo Trascendente Noticias de Coatzacoalcos y el Sur de la Región
Los efectos generados por la pandemia ocasionada por el Covid-19 han tocado todos los aspectos de la vida humana, tanto de carácter individual como social. La impartición de justicia no ha sido ajena a esto y los tribunales de casi el mundo entero se han visto forzados a detener sus actividades.
Dentro de las actividades extra curriculares que la Facultad de Derecho de la UNAM viene realizando para analizar los efectos que esta contingencia está produciendo en nuestra sociedad, se invitó al magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, para que estableciera un diálogo con nuestros colegios de profesores de las diversas especialidades y directores de seminarios.
El responsable de la conducción del antes denominado Tribunal Superior de Justicia de la capital señaló que es el más grande de América Latina y de cualquier otro en Europa. Es una institución en la que a diario laboran más de 11 mil empleados y atiende a más de 93 mil personas, entre litigantes y ciudadanos que acuden en búsqueda de justicia.
La pandemia vino a dejar al desnudo en los tribunales —al igual que en todas las demás instituciones— una serie de cosas de las que se adolece, situaciones que requieren cambios drásticos y nichos de oportunidad para una futura modernización.
Las medidas que se han debido implementar en los tribunales de la capital han sido complejas, puesto que en materia penal y familiar no se han suspendido todas las actividades por la importancia de la naturaleza de su función.
La nueva realidad que deberá crearse en el futuro, tiene previsto contemplar un modelo mixto de operación en donde los tribunales funcionarán un día a puerta cerrada y otro con atención al público. Este regreso escalonado buscará preservar la salud del personal y de todo aquel que acuda a los juzgados.
Resultó importante conocer que el Poder Judicial de la Ciudad de México cuenta con más de mil personas mayores de 60 años, lo cual incluye jueces, magistrados y personal administrativos. Es decir, pertenecen a un grupo especialmente vulnerable ante el Covid-19.
Después del 3 de agosto —si las condiciones de la contingencia sanitaria permiten retornar a las actividades presenciales— el uso de las tecnologías será de vital importancia; y ya se trabaja en la implementación de notificaciones por correo electrónico, telefonía y mensajería instantánea en materia civil y familiar.
Asimismo, se seguirá confeccionando la implementación del sistema de citas electrónicas que permitirá a los abogados agendar la presentación de demandas o escritos iniciales dentro del horario de la oficialía de partes, para evitar colas y aglomeraciones.
Por otra parte, se autorizó el uso de la firma electrónica en la elaboración de demandas, promociones diversas y resoluciones judiciales, sentando las bases para una nueva integración de los expedientes judiciales.
El rezago en la impartición de justicia que ha ocasionado el cierre de los juzgados por la pandemia —que viene a incrementar la enorme carga de trabajo habitual que ya existía— demuestra varias cosas en las que la Facultad de Derecho ha venido trabajando y advirtiendo.
En primer lugar, que la impartición de justicia debe transitar hacia mejores fórmulas para la resolución de los conflictos sociales, privilegiando la mediación y otros medios alternativos, en lugar de los litigios.
Y, el más importante, la pandemia viene a crear un reto para la imaginación jurídica y para la utilización de la tecnología, para lograr en el futuro que —en efecto— la justicia sea pronta y expedita.
Como Corolario, la frase del filósofo romano Séneca: “Siempre el esperar, aunque sea el bien, da cuidado”.
Corolario
Raúl Contreras Bustamante
