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A cinco meses de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre en Nicaragua, dieciséis líderes opositores del presidente Daniel Ortega han sido detenidos en una oleada que ha generado una condenada generalizada.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició una cacería en contra de la oposición en Nicaragua.
El 2 de junio, comenzó encarcelando a precandidatos presidenciales, y semanas más tarde continúa con la captura de líderes opositores y ejecutivos del sector privado, todos detenidos en Nicaragua por “traición a la patria”.
Desde el 28 de mayo, el régimen inició con la llamada “Operación Danto 21”, que consiste en encerrar a todo aquel que adversa la dictadura.
A los primeros tres –los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro Walter Gómez y Marcos Fletes, y la precandidata presidencial independiente Cristiana Chamorro Barrios– los detuvo bajo la excusa de una supuesta investigación por lavado de dinero.
A los siguientes detenidos, los señala de infringir la Ley 1055, denominada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, La Soberanía y Autodeterminación para la Paz”.
Según el comunicado de la Policía del régimen, los detenidos son señalados por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
Las dos nuevas leyes en las que se basan para detenerlos.
Un combo de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional,de mayoría sandinista, ha permitido la detención de los precandidatos presidenciales opositores, según el analista político Eliseo Núñez.
En diciembre de 2020 fue aprobada la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación, que impide a cualquier opositor considerado “golpista” o “traidor de la patria” postularse a un cargo de elección popular.
Esta ley identifica como “traidores de la patria” a todos aquellos nicaragüenses que “encabecen o financien un golpe de Estado”, “que fomenten o insten a actos terroristas”.
Y también a los “que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, “que se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” y que “exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en diciembre pasado en el que aseguraba que esta “ley autoritaria” amenazaba la democracia en el país centroamericano al “prohibir que figuras de la oposición se postulen a elecciones”.
La otra legislación es la de Agentes Extranjeros, aprobada por el parlamento en octubre de 2020.
Esta bloquea el financiamiento internacional a las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, sociedad civil y opositores, y obliga a los organismos a registrarse como agentes extranjeros para recibir fondos.
Tras la aprobación de esta ley, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que promovía la libertad de expresión y prensa en Nicaragua y de la cual Cristiana Chamorro era directora, decidió cerrar y no aceptó “la pretendida imposición de registrarse como agente extranjero”, según explicaron en un comunicado.
En mayo de 2021, el Ministerio de Gobernación acusó a la Fundación de lavado de dinero.
Así comenzó la investigación de Chamorro Barrios y su posterior acusación.
Además, el poder judicial informó que quedaba inhabilitada para ejercer cargos públicos “por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal investigativo”. CONTINUARÁ…
Fuentes:https://www.bbc.com, https://www.confidencial.com.ni,
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