Liberal del Sur – Periodismo Trascendente Noticias de Coatzacoalcos y el Sur de la Región
Ante lo que a veces parece una sucesión interminable de malas noticias en los medios de comunicación es fácil sucumbir al pesimismo. Sin embargo, este año ha habido muchas buenas noticias que celebrar.
El trabajo constante de campaña, incidencia y medios de comunicación que Amnistía ha realizado durante 2022 ha tenido un impacto positivo en personas de todo el mundo cuyos derechos humanos estaban violándose.
Los gobiernos aprobaron leyes y resoluciones fundamentales en el ámbito nacional e internacional. Continuó avanzando la abolición mundial de la pena de muerte. Y hubo importantes avances en el ámbito de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI.
He aquí un resumen de las victorias logradas en 2022 en materia de derechos humanos.
En junio se hizo por fin justicia parcialmente por el asesinato en 2016 de Berta Cáceres, activista ambiental y en favor de los derechos de los pueblos indígenas, al dictarse pena de prisión para David Castillo como coautor de su muerte. Amnistía continúa haciendo campaña para que otras personas sospechosas de haber tenido alguna responsabilidad en el asesinato de Berta comparezcan ante la justicia.
Tras las presiones de las autoridades estadounidenses, y después de una visita a Israel del presidente Biden, el Ministerio de Defensa israelí acordó en octubre el pago de una indemnización a la familia del palestino-estadounidense Omar As’ad, que murió tras ser maltratado por soldados israelíes en un puesto de control en enero.
En noviembre, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) informó al gobierno israelí de su intención de llevar a cabo una investigación sobre el homicidio, en mayo, de la periodista palestina-estadounidense Shireen Abu Akleh a manos de un soldado israelí.
En diciembre, un juez libanés acusó formalmente de tortura a cinco miembros de la Seguridad del Estado en la causa del refugiado sirio Bashar Abdel Saud, que había muerto bajo custodia en agosto.
Continúan los avances hacia la abolición mundial de la pena de muerte
En enero entró en vigor la abolición de la pena de muerte para todos los delitos en Kazajistán. Le siguió Papúa Nueva Guinea, que en abril abolió la pena capital 30 años después de haberla reintroducido.
El presidente de Zambia anunció en mayo a través de las redes sociales que el país iniciaría el proceso de dejar de utilizar la pena de muerte, y en junio el gobierno de Malasia inició el procedimiento para eliminar la pena de muerte preceptiva para 11 delitos.
En septiembre entró en vigor una nueva ley que eliminaba la pena capital del Código Penal en Guinea Ecuatorial.
Mientras, la inmensa mayoría de países del África subsahariana donde aún existe la pena de muerte para todos los delitos, como Kenia, Malawi, Uganda, Zambia y Zimbabue, continuaron sin llevar a cabo ejecuciones.
ÁMBITO INTERNACIONAL
Tras el informe de Amnistía, el relator especial de la ONU Michael Lynk afirmó en marzo que Israel practica el apartheid, al igual que posteriormente lo haría el relator especial Balakrishnan Rajagopal en julio, añadiendo con ello sus voces a las de un grupo cada vez más numeroso de expertos y expertas.
En abril, la Unión Europea llegó a un acuerdo político sobre la Ley de Servicios Digitales, un marco regulador histórico que, entre otras cosas, exige a las grandes empresas tecnológicas evaluar y gestionar los riesgos sistémicos que presentan sus servicios, como la apología del odio y la difusión de desinformación.
Se hicieron importantes avances sobre justicia medioambiental con la aprobación de una resolución de la Asamblea General en julio que reconocía el derecho a un medioambiente saludable. Esta aprobación se produjo tras la de otra resolución similar aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a finales de 2021.
En julio, diez países europeos, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, y Suecia, rechazaron la designación como “terroristas” e “ilegítimas” de siete organizaciones de la sociedad civil palestinas por el Ministerio de Defensa israelí. El gobierno estadounidense expresó su preocupación por la irrupción del ejército israelí en las oficinas de las organizaciones en agosto, y expertos de la ONU condenaron los ataques de Israel contra la sociedad civil palestina.
En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución especial sobre Afganistán en su 51 periodo de sesiones. Amnistía sugirió que se incluyera un llamamiento para que el relator especial de la ONU sobre Afganistán preparara un informe temático sobre la situación de las mujeres y las niñas en el país. La idea fue apoyada por varios países e incluida en el texto definitivo de la resolución.
En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó hasta septiembre de 2024 el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, un mecanismo internacional independiente que investiga activamente e informa con regularidad sobre crímenes de derecho internacional y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado y en la actualidad. Y en noviembre, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución histórica para establecer una nueva misión de investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en Irán en relación con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022 en todo el país.
El mandato del Proyecto de Rendición de Cuentas de la OACNUDH en Sri Lanka se prorrogó por otros dos años en octubre. El mandato de este proyecto es recopilar y preservar las pruebas para futuros procesos de rendición de cuentas, un aspecto fundamental para garantizar que se mantiene la presión sobre el gobierno de Sri Lanka para que solucione y ponga fin a las violaciones de derechos humanos cometidas en el presente y en el pasado.
CONTINURA…
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Fuente: https:// www.amnesty.or
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