La evaluación médico-psicológica en casos de tortura (Segunda parte)

En el artículo anterior hablamos de la tortura vista desde la historia de la humanidad y como “el daño intencional ejercido por una persona a otra para obtener algo”. Y desde la perspectiva social y antropológica, la tortura es vista como la destrucción que va más allá de hacerse de información, pues pretende enviar un mensaje a la sociedad de violencia estructural contundente.

Por otro lado, existe una prohibición mundial de la tortura y todas las formas de crueldad y humillación desde 1948, año en el que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se menciona, en el artículo 5o., que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En relación con lo anterior, el Estatuto de Roma, realizado en 1998, funciona como base para generar un consenso universal y así crear la Corte Penal Internacional, que en su normativa, en el artículo 7o., enuncia: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por «crimen de lesa humanidad» cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Uno de los mayores hitos en la historia mexicana reciente se inició con el conflicto frontal contra las organizaciones del narcotráfico por parte del ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en el cual se reestructuró la visión de seguridad pública, al asumir políticas de represión punitivas contra los miembros del narcotráfico, tratando a los presuntos criminales como enemigos de guerra, lo que tuvo consecuencias negativas para la legitimidad y legalidad de los procesos de procuración de justicia. Se pueden ver reflejadas las prácticas de tortura —como parte los procesos penales— como una de las tantas consecuencias secundarias del conflicto. La política represiva de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón se distingue por dos elementos, según el primer informe de 2013:

1) Empleo de las fuerzas armadas para combatir a las organizaciones criminales. Al inicio de su sexenio se desplegaron más 6,500 soldados a su estado nativo, Michoacán, y se concluye con 45,000 militares desplegados en varias partes del país.

2) Desarticulación de grupos criminales atacando su organización y estructura. Podemos dar cuenta de ello con los 6,000 acusados de estar relacionados con actividades de narcotráfico, asimismo como líderes y lugartenientes de los cárteles.

Con base en lo anterior, la estrategia de seguridad del expresidente Calderón fue alimentada por una percepción de amenaza inminente por parte del crimen organizado; sin embargo, no se generó un contrapeso en el sistema de justicia. Durante esta “guerra contra las drogas’’ se dio un aumento significativo de la tortura en los procesos penales, y este aumento es particularmente pronunciado por parte del Ejército, que, a partir de 2007, comenzó a jugar un papel preponderante en funciones de seguridad pública.

Con relación a lo expuesto, hace 10 años México y Estados Unidos emprendieron la Iniciativa Mérida, que consistía en un tratado de seguridad entre países; es decir, se pretendía concretar un acuerdo en materia de lucha contra el crimen organizado transnacional; seguridad y justicia desde una perspectiva de cooperación bilateral y no asistencialista. En efecto, esto se puede considerar como la tormenta perfecta para la violación de derechos humanos en los proceso judiciales, pues el objetivo no era radicar a un delincuente de manera unipersonal, sino eliminar con el movimiento social, económico y político que se veía reflejado en el narcotráfico, creando un poder fáctico de gran peso, con merma en la seguridad pública, haciendo tema primordial de la agenda del Estado mexicano el erradicar esto a toda costa, aunque eso implicara establecer una ley marcial implícita.

Las ejecuciones, las desapariciones forzadas y la tortura crecieron de manera exponencial durante el gobierno de Felipe Calderón, lo que es atribuible no sólo al crimen organizado, sino a las autoridades que lo permitieron y prohijaron, según lo plantea la ONG francesa Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura.

Los casos de tortura y otros malos tratos aumentaron a partir del 2006, año en el que comenzó un ascenso en los niveles de violencia debido a la guerra en contra de las drogas encabezada por el gobierno, refiere Amnistía Internacional presente en más de 150 países y territorios.

Según Amnistía Internacional, en 2008 el Estado mexicano elevó a rango constitucional la figura del arraigo, y desde entonces los expertos manifiestan preocupación por el destino de aquellas personas privadas de la libertad en virtud de una orden de este tipo, en vista de que no se sabe a ciencia cierta qué ocurre después de la aprehensión, con la posibilidad de que algunos de los detenidos terminen en instalaciones militares.

CONTINUARÁ…

Fuente: https://revistas.juridicas.unam.mx 

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Gabriel Alberto Ramírez Nazariego