Liberal del Sur – Periodismo Trascendente Noticias de Coatzacoalcos y el Sur de la Región
En los artículos anteriores hablamos que el inicio de la Iniciativa Mérida, que apoya el plan de acción que dota de recursos económicos y tácticos para implementar políticas públicas de seguridad reactivas antes al narcotráfico, buscando, ante todo, la desarticulación de los grupos de delincuencia organizada a toda costa y la primera acción la Iniciativa Mérida fue sacar al Ejército de las calles para realizar acciones de seguridad pública, buscando restablecer la gobernabilidad de varios estados del País.
Esto creó la tormenta perfecta para que el Estado mexicano se encontrara en una situación de seguridad comparada con una guerra civil, al converger todas las circunstancias.
Por lo tanto, se comenzó a ver a estos grupos delictivos como el enemigo, fundamentado en los principios filosóficos de la corriente punitiva “Quien abandona el contrato de ciudadano pierde todos sus derechos”.
Cabe mencionar que a partir de esta tormenta perfecta se generaron acciones muy extremistas, efectuando una ley marcial, la cual, a toda costa, busca denticular las cédulas y es en ese momento donde los tratados internacionales, pasan a segundo plano y se agrava el problema de la tortura en el País.
Haciendo que sea una certeza en los procesos judiciales, primeramente en las carpetas de investigación de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, al ser válidas las confesiones extraídas a través de este método y la alta impunidad que persiste, a impregnar varios niveles de la procuración de justicia, desde mandos operativos y de investigación, siendo un paso casi obligado en el proceso de procuración de justicia.
Esto es denunciado a través de varios colectivos de la sociedad civil de víctimas de tortura y desaparición forzada.
Asimismo, organismos internacionales hicieron presencia y produjeron varias acciones que buscaban llegar al origen de estas prácticas, como son las de subir a rango constitucional los tratados internacionales, donde el Estado mexicano era firmante, aunque eran acciones de forma, mas no de fondo.
Pero la acción más importante fue reestructurar el modelo de procuración de justicia al nuevo sistema penal acusatorio; cambia la manera de procuración de justicia, puntualmente cambiando el papel de la confesión, siendo improcedente, como menciona Aguilar en su ensayo “La prueba en el sistema acusatorio”: Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula (prueba ilícita).
De modo que se pueden resaltar varias inferencias; los cambios de forma no han logrado remediar las situaciones de tortura que han venido denunciando, por varios años, las organizaciones de la sociedad civil.
Para ello debemos ir más al arjé de este fenómeno:
Si esta práctica ha sido implementada, en inicio, como una forma de hacer inteligencia posterior a ser parte de las listas de acciones por parte de autoridades operativas y de investigación, pero no se ha tomado en cuenta que existe una perspectiva ambivalente.
En palabras de Juan Emilio Cheyre, exmilitar chileno, “lo hacemos por un bien superior”.
En verdad, son acciones deliberadas de naturalizar un instinto tan básico como lo es la violencia, o, en realidad, es un clamor por evitar la impunidad que ha penetrado el sistema de procuración de justicia hasta la raíz y que lleva a los elementos a buscar la manera en que en algunos casos se obtenga un resquicio de justicia mal habido.
Para evitar que permanezca esta figura estoica de impunidad e involucionemos nuevamente a la ley del talión, aceptando y avalando los principios de derecho penal del enemigo, que ha sido una tendencia que se había dejado atrás en la política criminal, pero que se ha retomado en los últimos años, dándole un enorme peso a la seguridad pese a todos los tratados internacionales, leyes y protocolos.
Fuente: https://revistas.juridicas.unam.mx
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