El impacto de la pandemia en los servicios de procuración de justicia

PRIMERA PARTE
La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha tenido un impacto especialmente agudo en las mujeres que sufren violencia, y supuso un reto para los servicios de procuración de justicia encargados de investigar y sancionar los delitos contra las mujeres.
A pesar de las medidas adoptadas en el Estado de México, una de las entidades federativas más problemáticas de México en términos de seguridad, Amnistía Internacional ha identificado tres problemáticas en el funcionamiento de los servicios de procuración de justicia: el aumento de la sobrecarga de trabajo, la insuficiente digitalización y el acceso desigual a las tecnologías, y la descoordinación entre instituciones.
Estas problemáticas tuvieron un impacto en la investigación de los delitos contra las mujeres, causando tres importantes deficiencias: La imposibilidad para algunas mujeres de interponer una denuncia, la paralización de investigaciones de casos anteriores, y la pérdida de evidencia; las cuales inciden directamente en la probabilidad de que estos casos queden impunes e impiden cumplir con el debido proceso, constituyendo una violación del derecho de las víctimas a acceder a justicia, verdad y reparación.
No obstante, ni las problemáticas ni las consecuencias señaladas son nuevas, sino que son cuestiones anteriores que la pandemia ha exacerbado, poniendo de relieve las fallas estructurales del sistema de procuración de justicia mexiquense.
En los siguientes artículos de las próximas semanas abordaremos el impacto que la respuesta estatal a la pandemia de Covid-19 ha tenido en los servicios de procuración de justicia del Estado de México relacionados con la investigación de los feminicidios y las desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas.
“A la mamá de una víctima de feminicidio le dijeron: ‘La funeraria de la esquina levantó el cadáver, vaya a ver si se quedaron con la bolsa que traía su hija’”.
El testimonio de la abogada Gabriela Amores muestra una de las deficiencias que fueron cometidas por los servicios de procuración de justicia en la investigación penal del delito de feminicidio durante la pandemia de Covid-19 en el Estado de México, una de las 32 entidades federativas de México.
El Estado de México es la entidad federativa con menor calidad comunitaria (esto implica que la vivienda esté en un entorno en donde existan mecanismos formales e informales que faciliten las relaciones sociales saludables y el sentido de comunidad como posibilitador del desarrollo comunitario) del país, la segunda con una mayor percepción de inseguridad pública y en los últimos años, algunos de sus municipios han sido protagonistas de una serie de brutales feminicidios que los han llevado a ser comparados con los emblemáticos asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez.
La respuesta estatal a la pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto en las actividades de los servicios de procuración de justicia, los cuales se vieron afectados como consecuencia de la limitación de la atención presencial o el cierre de algunos servicios, entre otras cuestiones.

Por este motivo, algunas organizaciones de la sociedad civil pusieron de manifiesto desde el inicio de la pandemia que, si no se tomaban las medidas adecuadas, esto podría conllevar la falta de protección de mujeres víctimas de violencia de género que necesitaran una atención inmediata3 y la interrupción de las investigaciones penales (y en consecuencia de los procedimientos judiciales) tanto de las nuevas causas como de las iniciadas con anterioridad.

Las investigaciones penales en el Estado de México, sin embargo, ya han sido objeto de observación por organismos de derechos humanos en el pasado, siendo diversas las ocasiones en las que se han constatado irregularidades y se ha reconocido la violación a los derechos de acceso a la justicia, a las garantías judiciales y al debido proceso –entre otros- de mujeres víctimas de violencia.

Estos casos muestran que la Fiscalía en el Estado de México enfrenta importantes problemáticas ya desde antes de la pandemia relacionadas con la falta de personal y la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos técnicos para la investigación, y la descoordinación entre instituciones del sistema de procuración de justicia, entre otras cuestiones. Estas deficiencias derivan en la violación a los derechos humanos de las víctimas, quienes sufren la revictimización por parte del Estado por su ineficiencia y por la impunidad en la que quedan numerosos casos.

Ante la llegada de la pandemia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México adoptó varias medidas, como la implementación de un sistema de guardias rotativas por parte del personal que asegurara la atención presencial en las oficinas, la protección del personal perteneciente a grupos de riesgo (quienes debían realizar la totalidad de sus jornadas desde sus domicilios), el fortalecimiento de las denuncias en línea y el uso de las tecnologías de la comunicación, y la priorización de los casos considerados más graves.
CONTINUARA…
Fuente: http://www.amnesty.org

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Gabriel Alberto Ramírez Nazariego