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En el artículo anterior hablamos que en primer lugar, las personas entrevistadas que forman parte de la Fiscalía Especializada de Feminicidios, las AMPEVFSYG, las Fiscalías Regionales y otras instituciones como las unidades de atención a las víctimas y Células de Búsqueda de las Policías Municipales afirmaron que la cantidad de mujeres que solicitaron algún tipo de apoyo o intervención por violencia familiar aumentó durante los primeros meses de la contingencia sanitaria, lo que elevó su carga de trabajo.
En segundo lugar, en las Fiscalías algunos trámites requieren que la persona servidora pública esté presente en las oficinas, de manera que la reducción de la cantidad del personal conllevó que se acumularan algunas tareas. Por ejemplo, una persona agente del Ministerio Público admitió que la pandemia les afectó por la mayor carga de trabajo porque algunas actuaciones no las podían realizar desde casa, como tomar el perfil genético. Es importante mencionar que el personal de guardia no solo se encargaba de la atención al público y las diligencias de los casos a su cargo, sino que también debían apoyar a los y las compañeras que trabajaban desde sus domicilios en las actuaciones que requerían realizarse de forma presencial en las oficinas de la Fiscalía.
En tercer lugar, de acuerdo con los y las profesionales entrevistadas, la Fiscalía del Estado de México sufrió numerosas bajas de personal porque varios enfermaron de Covid-19. Debido a la naturaleza del virus, el contagio por Covid-19 de una persona servidora pública a menudo derivó en la puesta en cuarentena de los y las compañeros/as de la unidad y, en ocasiones, en el cierre total de la misma. Esto conllevó que otros y otras compañeras tuvieran que asumir las tareas de las personas o las unidades que no estaban en posibilidades de trabajar.
“Muchos [agentes de] Ministerios Públicos en el Estado de México se han enfermado. Muchísimos. Algunos han enfermado, otros han fallecido. Evidentemente esto ha paralizado muchas actuaciones. Los que han quedado se han tenido que ocupar de otros casos y están rebasados”.
Cabe destacar que varias de las personas entrevistadas atribuyen los contagios, en parte, a las condiciones de las oficinas de la Fiscalía, las cuales dificultan el mantenimiento de la distancia recomendada entre personas. Así, una de las personas profesionales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México 47 señaló que hubo una saturación de casos de Covid-19 en servidores y servidoras públicas porque los lugares de trabajo tienen “un alto grado de hacinamiento”, de manera que, por ejemplo, dos personas deben compartir un solo escritorio, algunos de los cuales están en los pasillos o en lugares inapropiados.
Por otra parte, es preciso mencionar que, de acuerdo con las personas de la Fiscalía entrevistadas, en general el personal fue provisto de equipos de protección personales, como cubrebocas y gel antibacterial. Sin embargo, hubo momentos de desabastecimiento, lo que conllevó que algunas personas tuvieran que asumir la provisión de su propio material, si bien en varias ocasiones fue reembolsado posteriormente por la institución.
En definitiva, la crisis provocada por la Covid-19 ha incrementado todavía más la sobrecarga de trabajo de los operadores de justicia. En palabras de la abogada Arely Varela de I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC: “Las fiscalías ya estaban saturadas, pero ahora se sobresaturaron más. El objetivo debe ser dar condiciones adecuadas a las personas que investigan, pues ahora las condiciones son todavía más inhumanas”.
La tercera problemática identificada está relacionada con la descoordinación entre instituciones. En la investigación de delitos en el ámbito de la violencia contra las mujeres, la coordinación entre instituciones es fundamental. Esta coordinación debe ser interinstitucional (por ejemplo, entre la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda) y también intrainstitucional (por ejemplo, entre las Fiscalías Regionales y las Fiscalías Especializadas, así como entre los agentes del Ministerio Público de una misma Fiscalía Especializada destinados a sedes ubicadas en diferentes municipios de la entidad federativa). Esto, además, es especialmente importante en el Estado de México debido a su gran extensión.
Así, cuando una persona desaparece, es importante que se coordinen las Células de Búsqueda de las Policías Municipales (las cuales a su vez se coordinan con diversos actores como colectivas de búsqueda, vecinos, otras unidades de las Policías Municipales, etc.), la Comisión Estatal de Búsqueda, y la Fiscalía Especializada de Desapariciones.
La mayor sobrecarga de trabajo, la insuficiente digitalización y el acceso desigual a las tecnologías, y la descoordinación entre instituciones tuvieron graves consecuencias para algunas de las mujeres que fueron víctimas de un delito durante la pandemia y tuvieron que iniciar un proceso penal, así como para aquellas cuyo proceso inició con anterioridad a la pandemia, pero todavía no había finalizado. Amnistía Internacional identificó al menos tres graves deficiencias: La imposibilidad de interponer una denuncia, la paralización de investigaciones penales, y la pérdida de evidencias.
Fuente: http://www.amnesty.org
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Gabriel Alberto Ramírez Nazariego
