Liberal del Sur – Periodismo Trascendente Noticias de Coatzacoalcos y el Sur de la Región
En el artículo anterior hablamos que a pesar de las medidas adoptadas, se identificaron tres problemáticas en los servicios de procuración de justicia durante el periodo comprendido entre marzo y junio del 2020 estas deficiencias inciden directamente en la probabilidad de que estos casos queden impunes e impiden cumplir con el debido proceso, constituyendo una violación del derecho de las víctimas a acceder a justicia.
Las problemáticas señaladas, y en consecuencia también las deficiencias, no son cuestiones nuevas surgidas a raíz de la pandemia de Covid-19, sino que son fallas estructurales del sistema de procuración de justicia mexiquense. La pandemia, no obstante, ha evidenciado una vez más la existencia de un sistema de procuración de justicia deficiente, cuyas fallas estructurales han impedido reaccionar a la crisis sanitaria de manera más apropiada y han exacerbado sus consecuencias en un momento especialmente complejo para las mujeres víctimas de violencia de género así como para las personas servidoras públicas.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), el Estado de México es la entidad con menor calidad comunitaria del país, reportando el menor porcentaje de satisfacción con el vecindario y percepción de seguridad en la vivienda. Además, es la segunda entidad federativa con una mayor percepción de inseguridad pública y tiene una de las mayores tasas de prevalencia delictiva en el País.
Adicionalmente, existe una elevada percepción de que las autoridades son corruptas, especialmente la Policía de Tránsito, la Policía Municipal, el Ministerio Público y la Procuraduría Estatal.
En relación con la violencia contra las mujeres, el Estado de México tiene dos alertas por violencia de género, un mecanismo que prevé la adopción de una serie de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en municipios con una elevada presencia de este tipo de delitos.
La primera alerta por violencia de género es por feminicidio y fue decretada en el año 2015 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación en 11 municipios del Estado.
En el año 2019, fue declarada la segunda alerta, en este caso por el delito de desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, en siete de los municipios que ya estaban en alerta por feminicidio. A pesar de ello, la violencia feminicida sigue siendo un grave problema, y en 2019 se reportaron 300 desapariciones de mujeres, 318 homicidios dolosos de mujeres y 122 feminicidios (lo que supone un aumento del 8.8% y del 13 % respectivamente con respecto al año 2018).
El Estado de México es la segunda entidad federativa con una mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas por feminicidio en términos absolutos (un total de 122 en el año 2019) y la decimosexta entidad federativa en términos relativos con una tasa del 1.38 por 100,000 mujeres.
Alrededor del año 2010 empezaron a visibilizarse en la zona oriente del Estado de México una serie de feminicidios que presentaban algunas características similares, como el hecho de que las mujeres provenían en su mayoría de áreas marginales y con escasos recursos, eran desaparecidas durante un periodo de tiempo, y los cuerpos eran encontrados arrojados en la vía pública, con desmembramientos y signos de tortura y violencia sexual extrema. La cantidad y brutalidad de estos casos, así como las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos que a menudo han derivado en la revictimización de las familias y la impunidad, han llevado a que la violencia feminicida ocurrida en algunas zonas del Estado de México, como Ecatepec, se haya comparado con los emblemáticos feminicidios de Ciudad Juárez (Chihuahua), los cuales fueron mundialmente conocidos a partir de los inicios de los años 2000.
En estos artículos se analiza el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado de México (o Ministerio Público) durante el periodo de la contingencia sanitaria más restrictivo comprendido entre el 23 de marzo y el 23 de junio de 2020. En especial en la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, de la cual dependen la Fiscalía Especializada de Feminicidios y la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares.
Las investigaciones de las Fiscalías en el Estado de México han sido objeto de observación de organismos de derechos humanos, siendo diversos los casos en los que se ha reconocido la violación a los derechos de acceso a la justicia, a las garantías judiciales y al debido proceso –entre otros- de las víctimas de violencia contra las mujeres. CONTINUARÁ…
Fuente: http://www.amnesty.org
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Gabriel Alberto Ramírez Nazariego
