El impacto de la pandemia en los servicios de procuración de justicia (Segunda parte)

En el artículo anterior hablamos que debido a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha tenido un impacto especialmente agudo en las mujeres que sufren violencia, y supuso un reto para los servicios de procuración de justicia encargados de investigar y sancionar los delitos contra las mujeres.
A pesar de las medidas adoptadas, se identificaron tres problemáticas en los servicios de procuración de justicia durante el periodo comprendido entre marzo y junio del 2020 que, aunque no son nuevas en el Estado de México, provocaron deficiencias en la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres, entre ellos los feminicidios y las desapariciones, y agravaron el impacto de la contingencia sanitaria tanto en las mujeres víctimas de violencia como en las personas operadoras de justicia.
La primera problemática identificada consiste en que la carga de trabajo de los servicios de procuración de justicia se incrementó durante la pandemia hasta niveles insostenibles considerando además la disminución de personal.
Este aumento tuvo distintas causas: La cantidad de mujeres que solicitaron algún tipo de apoyo o intervención por violencia de género en el ámbito familiar aumentó durante los primeros meses de la contingencia sanitaria; en las Fiscalías algunos trámites requieren que la persona servidora pública esté presente en las oficinas, de manera que la reducción de la cantidad del personal que trabajaba de forma presencial conllevó que se acumularan algunas tareas; y finalmente la Fiscalía del Estado de México sufrió numerosas bajas de personal porque varias personas trabajadoras enfermaron de Covid-19.
La segunda problemática identificada en el contexto de la Covid-19 en el sistema de procuración de justicia mexiquense tiene que ver con una insuficiente digitalización y el acceso desigual a la tecnología.
Ante la necesidad de reducir la cantidad de personal presente en las Fiscalías, se potenció la denuncia en línea, si bien se mantuvo la posibilidad de denunciar de forma presencial los delitos de “alto impacto” (o delitos graves), como la desaparición, el feminicidio o la violación.
No obstante, se identificaron algunos problemas: En primer lugar, en los casos de delitos graves es necesario ratificar la denuncia de forma presencial, de manera que la denuncia en línea no evitó que las personas tuvieran que acudir a presencialmente a los servicios de procuración de justicia; en segundo lugar, algunas personas no pudieron ratificar la denuncia de forma presencial por problemas relacionados con la aplicación o porque cuando acudieron a las oficinas, estas estaban colapsadas; y en tercer lugar, no todas las personas tienen acceso a las tecnologías de la información necesarias.
Por otra parte, si bien algunas organizaciones reconocen que el Estado de México está más avanzado que otras entidades federativas en cuanto al nivel de digitalización de los servicios del sistema de justicia, varias de las personas entrevistadas consideran que esta no es suficiente, pues por ejemplo hay expedientes que no están digitalizados, lo que dificulta que el seguimiento se pueda realizar a distancia.
La tercera problemática identificada está relacionada con la descoordinación, especialmente a nivel interinstitucional.
Hubo instituciones de los servicios de procuración de justicia y del gobierno estatal que cerraron, mientras que otras suspendieron algunas actuaciones, lo que tuvo un impacto en aquellas con las que deben coordinarse para atender e investigar ciertos delitos.
En otras ocasiones, el cierre o suspensión de actividades no fue programado sino que hubo unidades que se vieron en la obligación de cerrar temporalmente debido al contagio por Covid-19 de sus integrantes, conllevando, por ejemplo, la necesidad de derivar la atención a las víctimas a las sedes de otros municipios. Al respecto, algunas personas profesionales manifestaron que la coordinación intrainstitucional no siempre fue apropiada y que ello tuvo graves consecuencias para algunas víctimas, como la imposibilidad de denunciar un delito.
Cabe destacar que la falta de coordinación no siempre se debió al cierre o la suspensión de las actividades, sino a una mala comunicación entre instituciones y a la falta de planeación.
La sobrecarga de trabajo, la insuficiente digitalización y el acceso desigual a las tecnologías, y la descoordinación entre instituciones causaron tres graves deficiencias: Primero, hubo mujeres que no pudieron interponer una denuncia; segundo, algunas investigaciones penales quedaron totalmente paralizadas; y tercero, hubo evidencias que se perdieron.
Estas deficiencias inciden directamente en la probabilidad de que estos casos queden impunes e impiden cumplir con el debido proceso, constituyendo una violación del derecho de las víctimas a acceder a justicia, verdad y reparación.
CONTINUARÁ…
Fuente: http://www.amnesty.org
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Gabriel Alberto Ramírez Nazariego