EL DERECHO A PROTESTAR (SEGUNDA PARTE)

En el artículo anterior hablamos que el derecho a la protesta está sometido a una amenaza creciente y sin precedentes en todas las regiones del mundo; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional con motivo del lanzamiento de su campaña global contra las medidas cada vez más amplias y enérgicas que adoptan los Estados para erosionar este derecho humano fundamental.

Este enfoque se observó en Hong Kong, donde la Ley de Seguridad Nacionaly su amplia definición de “seguridad nacional” se ha utilizado arbitrariamente para restringir las protestas, entre otras cosas.

Y en India, la Ley de Prevención de Actividades Ilegalescontra el terrorismo y el delito de “sedición” se han utilizado repetidamente contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y personas que se manifestaban pacíficamente.

Si bien los gobiernos llevan tiempo apoyándose en tácticas agresivas para controlar policialmente las protestas, en los últimos años ha aumentado la cantidad de fuerza empleada por las fuerzas de seguridad en el desempeño de sus funciones.

Las llamadas “armas menos letales” —como porras, pulverizadores de pimienta, gas lacrimógeno, granadas paralizantes, cañones de agua y balas de goma— son utilizadas indebidamente por las fuerzas de seguridad de forma sistemática. Y, desde principios de la década de 2000, Amnistía Internacional ha documentado una tendencia a la militarización de la respuesta estatal a las protestas, incluido el despliegue de fuerzas armadas y uso de equipo militar. En países como Chiley Francia, las fuerzas de seguridad van bien equipadas con material antidisturbios y suelen estar respaldadas por vehículos acorazados, aeronaves de uso militar, drones de vigilancia, fusiles y armas de asalto, granadas aturdidoras y cañones de sonido.

Durante la sublevación masiva que siguió al golpe de Estado de 2021 en Myanmar, las fuerzas armadas usaron ilegalmente medios letales contra manifestantes pacíficos. Según observadores, más de 2.000 personas han sido asesinadas y más de 13 mil han sido detenidas desde que los militares tomaron el poder.

Las personas que sufren desigualdad y discriminación, ya sea por motivo de su raza, género, orientación sexual, identidad de género, religión, edad, discapacidad, ocupación o situación social, económica o migratoria, también resultan más afectadas por las restricciones del derecho a protestar y sufren mayor represión.

Por ejemplo, las mujeres, la comunidad LGBTI y las personas que no se ajustan a las convenciones de género sufren distintas formas de violencia de género, marginación e imposiciones sociales y legales. En países como Sudán, Colombiay Bielorrusiase han cometido agresiones sexuales contra mujeres por participar en protestas, mientras que en Turquía, por ejemplo, las marchas del Orgullo llevan años prohibidas.

“Nuestra campaña llega en un momento crítico. El valioso derecho a la protesta se está erosionando a una velocidad de vértigo y debemos hacer todo lo posible para evitarlo”, ha manifestado afirmado Agnès Callamard.

“Incontables manifestantes han perdido la vida en los últimos años y ahora, también en su nombre, debemos alzar nuestra propia voz y defender nuestro derecho a decir la verdad al poder a través de protestas en la calle y en Internet”.

El derecho internacional de los derechos humanos protege el derecho a la protesta en una serie de disposiciones separadas que figuran en varios tratados regionales e internacionales y que, tomadas en conjunto, protegen íntegramente las protestas. Aunque el derecho a la protesta no figure como un derecho diferenciado en los tratados de derechos humanos, las personas que participan en una protesta, ya sea individual o colectivamente, están ejerciendo múltiples derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

¿Usted qué opina?
Fuentes: https://www.amnesty.org
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Gabriel Alberto Ramírez Nazariego