EL DERECHO A PROTESTAR (PRIMERA PARTE)

El derecho a la protesta está sometido a una amenaza creciente y sin precedentes en todas las regiones del mundo; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional con motivo del lanzamiento de su campaña global contra las medidas cada vez más amplias y enérgicas que adoptan los Estados para erosionar este derecho humano fundamental.

De Rusia a Sri Lanka, de Francia a Senegal y de Irán a Nicaragua, las autoridades de los Estados están adoptando cada vez más medidas de todo tipo para reprimir la disidencia organizada. Manifestantes en todo el planeta se enfrentan a una potente combinación de reacciones adversas: cada vez más leyes y otras medidas para restringir el derecho a la protesta; uso indebido de la fuerza; expansión de la vigilancia ilegal, tanto masiva como selectiva; apagones y censura de Internet, y abusos y estigmatización. Mientras, se están levantando aún más barreras para los grupos marginados y discriminados.

La campaña “Protejamos la Protesta” de Amnistía Internacional desafiará los ataques a la protesta pacífica, defenderá a quienes los sufren y apoyará las causas de los movimientos sociales que presionan en favor de un cambio en materia de derechos humanos.

“En los últimos años han tenido lugar algunas de las mayores movilizaciones de protesta que hemos visto en varias décadas. Los movimientos Black Lives Matter, MeToo y contra el cambio climático han llevado a millones de personas en todo el mundo a salir a la calle y actuar en Internet para exigir justicia racial y climática, equidad y medios de vida, y el fin de la violencia y la discriminación basadas en el género. En otros lugares, miles de personas han alzado la voz contra la violencia y los homicidios de la policía y la opresión y represión del Estado”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Casi sin excepción, esta ola de protestas multitudinarias se ha encontrado con respuestas obstructivas, represivas y frecuentemente violentas de las autoridades estatales. En lugar de facilitar el derecho a la protesta, los gobiernos están yendo cada vez más lejos para reprimirlo. Por eso, como la mayor organización de derechos humanos del mundo que somos, hemos elegido este momento para lanzar esta campaña. Es hora de alzar la voz para recordar a quienes ejercen el poder que tenemos el derecho inalienable a protestar, expresar quejas y exigir cambios libre, colectiva y públicamente.”

No son pocos los problemas —entre ellos la crisis ambiental, la desigualdad creciente, las amenazas para los medios de vida, el racismo sistémico y la violencia de género— que hacen que la acción colectiva sea más necesaria que nunca.

Los gobiernos han reaccionado aprobando legislación que impone restricciones ilegítimas sobre el derecho a la protesta. Por ejemplo, hemos visto prohibiciones generales de las protestas en Grecia y Chipre durante la pandemia de Covid-19.

En Reino Unido se ha aprobado una ley con disposiciones que otorgan amplios poderes a los agentes de policía, incluida la capacidad de prohibir “protestas ruidosas”, mientras que en Senegal están prohibidas las manifestaciones políticas en el centro de Dakar desde 2011 para evitar las protestas cerca de edificios gubernamentales.

Toda clase de gobiernos están incrementando también el uso de los poderes excepcionales como excusa para reprimir la disidencia.
Así se vio en los peores momentos de la pandemia de Covid-19 en algunos países, como Tailandia, mientras que en República Democrática del Congo, en virtud de un “estado de sitio” impuesto por el gobierno, los agentes de la policía y el ejército tienen amplios poderes para restringir las protestas en las provincias de Ituri y Kivu Septentrional desde mayo de 2021.

Gobiernos de todo el mundo justifican las restricciones afirmando que la protesta constituye una amenaza para el orden público y estigmatizando a los manifestantes al calificarlos de “problemáticos”, “alborotadores” e incluso “terroristas”.

Definiendo de este modo a las personas que se manifiestan, las autoridades justifican sus medidas de tolerancia cero: introducción y uso indebido de leyes de seguridad ambiguas y draconianas, actuación policial de mano dura y medidas disuasorias con carácter preventivo.

CONTINUARÁ…

¿Usted qué opina?

Fuentes: https://www.amnesty.org
¡Ahora que lo sabes, haz valer tus derechos! cultura.legal19@gmail.com

Gabriel Alberto Ramírez Nazariego

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