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Durante la sesión en la Cámara de Diputados mexiquense, se aprobó por mayoría de votos las reformas al artículo 211 del Código Penal para prohibir y sancionar las terapias de conversión sexual con penas uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y de 50 a 200 días de multa, con agravantes de hasta una mitad si las víctimas pertenecen a sectores vulnerables, es decir si son menores, presos o tienen alguna discapacidad.
La propuesta originalmente fue de la diputada Beatriz García Villegas y desde el principio, en la etapa de comisiones, quedó claro el rechazo de los panistas que no avalaron el dictamen previo ni fijaron su postura: Ingrid Krasopani, Karla Fiesco, Brenda Aguilar y José Antonio García. Sólo este último expresó que en la práctica será difícil demostrar que un médico es obligado a aplicar estas terapias.
En el acuerdo quedó asentado que “se entiende por terapias de conversión aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas o tratamientos en las que se emplea la violencia física, moral, psicoemocional o sexual, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la autodeterminación sexual de las personas” La autora de la iniciativa refirió que el pasado 24 de junio en la Ciudad de México se tipificó la tortura a la comunidad LGBTTIQ+ lo que muestra un avance hacia una sociedad más justa.
Previamente, al aprobarse hace unos días en comisiones la propuesta de prohibir y castigar a quien someta a otro a estas terapias, integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNA), con representación en el Estado de México, se manifestaron en contra de esta medida.
Afuera de la sede de la Legislatura Mexiquense, integrantes de este frente protestaron en contra de dicha aprobación, con mensajes como #ConMisHijosNoTeMetas, #TerapiaLibre #TerapiaAQuienLoQuiera señalaron su desacuerdo con esta medida, ya que aseguran “vulnera los derechos fundamentales de los profesionales en psicología”.
Al respecto, la representante del FNF en el Estado de México, Ángeles Bravo, sostuvo que la aprobación de esta reforma deja de lado a los padres de familia y a los profesionales, sin tomar en consideración la participación de la sociedad en temas tan complejos, como lo es la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes.
AGENCIAS/EDOMEX
