REFORMA/LIBERAL Estas acciones tienen como prioridad combatir a las factureras, pero en su lucha también se lleva a empresas que operan en la legalidad.

Amplían arsenal contra factureras

A pesar de que ya eran muchas, el Gobierno amplió 10% el número de casuales para cancelar sellos digitales a las empresas.

Entre las nuevas causales están la omisión de una declaración anual después de un mes o de dos o más declaraciones mensuales.

También que el SAT no localice al contribuyente o que éste desaparezca en un procedimiento de comprobación, como puede ser una visita domiciliaria, una revisión electrónica o una auditoría.

Desocupar el domicilio fiscal sin avisar al SAT o que éste lo ignore; detectar facturas que amparan operaciones inexistentes o ilícitas, o que el contribuyente no las haya desvirtuado son otras causales.

Además, si el contribuyente no cuenta con activos para producir o prestar servicios que amparen sus comprobantes o si el SAT detecta que la empresa no tiene el personal para producir los bienes o prestar los servicios que amparan sus facturas o si carece de la infraestructura para ello.

El SAT puede clausurar también un negocio si su RFC incumple con designar un domicilio fiscal distinto o ficticio; cuando estime que sus ingresos declarados no concuerdan con los de sus facturas, o cuando le detecta datos incorrectos en el Buzón Tributario.

Antes de la actual Administración, ese tipo de irregularidades eran sancionadas administrativamente, pero no con la cancelación de sellos.

Pedro Raúl Lara García, socio director del despacho PRL & Asociados –miembro de la firma global Geneva Group International–, señaló que estas acciones tienen como prioridad combatir a las factureras, pero en su lucha también se lleva a empresas que operan en la legalidad, pero no tienen las capacidad administrativa de cuidar las nuevas causales, sobre todo las más pequeñas.

RIESGO DE SANCIÓN ES DE 87%
Con las nuevas facultades del SAT, la “percepción de riesgo” del contribuyente de ser sujeto a una sanción se ha disparado a máximos históricos en el actual Gobierno federal. A fines del 2018 ésta se encontraba en un nivel de 32% y actualmente es de 87%.

“Todos los sistemas fiscales del mundo cuentan con disposiciones que envían señales para disuadir al defraudador fiscal; es lo que denominan ‘percepción de riesgo'”, explicó Lara García.

“Sin embargo, en México se encontró la manera de someter al contribuyente a un estado que va más allá de la sana ‘percepción de riesgo’. Es un sistema que hoy permite a las autoridades del SAT determinar, en los hechos, quién puede hacer negocios en México y quién no”.

México
Alfredo González/Reforma

TE PUEDE INTERESAR

Policías de Coatzacoalcos continúan capacitándose

 Un total de 20 elementos participaron en el uso de Google Workspace. Un grupo de …