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En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que cualquier práctica de subcontratación u outsourcing deben ser eliminadas, principalmente, desde las dependencias federales. Esto como un primer paso para lograr la erradicación de dichas prácticas en el país.
El mandatario informó que para el primer trimestre del 2021 se enviará a la Cámara de Diputados la propuesta de ley para regular estas prácticas, pues, a pesar que se buscó realizar acuerdos, en un primer momento, con la iniciativa privada, éstas “no reaccionaron”.
Asimismo, reafirmó su postura en contra de este esquema y recalcó que es necesaria su eliminación, ya que es la principal causante de despidos masivos de trabajadores sin garantizarles sus prestaciones ni derechos laborales.
A mitades de noviembre del 2020, López Obrador, junto a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, presentaron la “Reforma en Materia de Subcontratación” donde se estipularon las modificaciones y sanciones que se aplicarán a las empresas que no cumplan.
“Hoy presentamos una reforma integral que permita cortarle los tentáculos al pulpo de la subcontratación y armonizar las diferentes leyes para que no existan huecos que permitan este tipo de simulaciones.”, informaba la Secretaria.
Dicha propuesta consistía en tres puntos: el primero, la prohibición de la subcontratación del personal, es decir, que una empresa simule sus relaciones laborales y que contraten a trabajadores mediante un tercero.
El segundo, se permitirían y regularían, con autorización por parte de la STPS, los servicios especializados que no fueran objeto social ni de actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Finalmente, se autorizaría la intervención de agencias de colocación en el proceso de reclutamiento, siempre y cuando los intermediarios no se consideraran patrón, ni contrataran en sustitución.
Posteriormente, López Obrador firmó el “Acuerdo Tripartita entre el Sector Empresarial, el Sector Obrero y el Gobierno Federal” con los representantes del sector obrero y empresarial, el cual buscaría un mecanismo justo y equitativo para cumplir con la repartición de utilidades sin perjudicar a los trabajadores, lo que mejoraría la reforma anteriormente presentada.
México
Agencias
