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Detenido el 13 de octubre de 2020 cuando visitaba a un cliente en la comuna de Kabarore, en Kayanza, poco después de que tuvieran lugar ataques armados en la zona.
Fue acusado de poner en peligro la seguridad interna del Estado y declarado culpable de “colaboración con rebeldes que atacaron Burundi”.
Las pruebas presentadas por la acusación indican que la única motivación de los cargos formulados contra Tony Germain Nkina es su anterior trabajo de derechos humanos.
Acusado de colaboración con el grupo armado de oposición RED-Tabara (Resistencia por un Estado de Derecho en Burundi), al que el gobierno ha acusado de ser responsable de una serie de ataques armados que tuvieron lugar en la provincia de Kayanza a principios de octubre de 2020.
Tony Germain Nkina fue detenido cuando visitaba a un cliente en la comuna de Kabarore, una de las localidades atacadas. Fue interrogado y recluido en la oficina del Servicio Nacional de Inteligencia (SNR) en Kayanza, y después transferido a custodia policial antes de ser trasladado, el 16 de octubre, a la prisión de Ngozi, en la provincia de Ngozi, donde continúa privado de libertad.
El pasado 15 de junio, el tribunal de Kayanza en el norte de Burundi en áfrica, condenó a Tony Germain Nkina a cinco años de prisión y una multa de un millón de francos burundeses (500 dólares estadunidenses).
El 12 de agosto, el Tribunal de Apelación de Ngozi aplazó la vista de apelación al 2 de septiembre a petición de Tony Germain Nkina, para que él y sus abogados pudieran preparar la apelación.
La fiscalía sostuvo que Tony Germain Nkina había viajado a Ruanda para entregar información al defensor de los derechos humanos burundés Pierre-Claver Mbonimpa, fundador y presidente de la Asociación Burundesa para la Protección de los Derechos Humanos y los Detenidos (APRODH) y de RED-Tabara, sin pruebas que respaldaran estas afirmaciones.
Pierre-Claver Mbonimpa vive actualmente en Europa. Tony Germain Nkina fue representante de APRODH en la provincia de Kayanza, hasta que la organización fue suspendida en 2015 en el marco de una campaña represiva contra grupos de la sociedad civil implicados en protestas contra el tercer mandato del difunto presidente Pierre Nkurunziza.
Tony Germain Nkina está siendo procesado únicamente por su anterior trabajo de derechos humanos y su relación con APRODH, lo cual viola su derecho a la libertad de expresión y de asociación.
APRODH fue una de las organizaciones de derechos humanos más activas y conocidas de Burundi. Pierre-Claver Mbonimpa, fundador y presidente de APRODH, se libró por poco de un intento de asesinato en 2015 en el que sufrió heridas que pusieron en peligro su vida. El hijo y el yerno de Pierre-Claver Mbonimp murieron por disparos en 2015.
El representante de APRODH en la provincia de Gitega, Nestor Nibitanga, fue detenido en 2017 y condenado en 2018 a cinco años de prisión por cargos semejantes a los formulados contra Tony Germain Nkina. Quedó en libertad en abril de 2021 en aplicación de un indulto concedido por el presidente Évariste Ndayishimiye a más de 5 mil personas presas.
Otro destacado defensor de los derechos humanos, Germain Rukuki, fue detenido en 2017 y condenado a 32 años de prisión en 2018 por cargos falsos relacionados con su labor de derechos humanos. El Tribunal de Apelación confirmó su condena en 2019, pero este fallo fue anulado posteriormente por el Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelación redujo la condena un año en junio de 2021. Fue puesto en libertad ese mismo mes.
Las organizaciones de la sociedad civil y las entidades de medios de comunicación de Burundi fueron algunos de los primeros objetivos de la represión del gobierno en 2015.
El gobierno suspendió o cerró la mayoría de las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación independientes y les obligó a exiliarse. A pesar de algunos acercamientos del presidente Ndayishimiye a los medios de comunicación en 2021, el gobierno burundés sigue viendo con recelo el trabajo de derechos humanos, y continúan vigentes graves restricciones de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión.
La mayoría de las organizaciones de derechos humanos independientes no han podido reanudar sus actividades en Burundi, especialmente porque las autoridades burundesas han dictado órdenes de arresto contra muchos de sus destacados activistas en el exilio. Un total de 12 personas defensoras de los derechos y periodistas figuraban en un grupo de 34 personas condenadas a cadena perpetua in absentia en junio de 2020 por acusación de implicación en un intento de golpe de Estado en mayo de 2015; la sentencia del Tribunal Supremo no se hizo pública hasta febrero de 2021.
La detención o reclusión como castigo por el ejercicio pacífico de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, es arbitraria y viola la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos en los que Burundi es Estado parte.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha determinado que las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos deben quedar en libertad de inmediato.
Los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas en todo el mundo no disminuyeron ni siquiera en plena pandemia.
En otros países, los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de secuestros, desapariciones forzadas y homicidios.
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Fuente: https://www.amnesty.org
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