Liberal del Sur – Periodismo Trascendente Noticias de Coatzacoalcos y el Sur de la Región
En el artículo anterior hablamos que el comienzo de las campañas de vacunación contra el Covid-19 en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ha llevado esperanza a una región que es la más desigual del mundo y que ha sido golpeada duramente por la pandemia. La mayoría de los países de la región entraron en confinamiento con decretos de emergencia a mediados de marzo de 2020 y, un año después, continúan lidiando con tasas de infección que siguen siendo altas.
En Brasil, la cuestión de las vacunas contra el Covid-19 ha sido causa de conflicto político entre el presidente, que ha hecho reiteradas declaraciones en contra de las vacunas, causando confusión en la estrategia nacional de vacunación, y los gobernadores de distintas partes del país que han intentado proporcionar vacunas a sus poblaciones locales. Aparte del sector político, las fiscalías han empezado ya a tomar medidas drásticas contra los casos de profesionales del derecho, empresarios poderosos, personas que gestionan blogs de moda, figuras políticas y otras personas que consiguen las vacunas por medios ilícitos, en perjuicio del interés público general.
En Nicaragua, el gobierno anunció el comienzo de la vacunación a principios de marzo. Como en el caso de la gestión de la pandemia, la información oficial sobre el plan de vacunación es escasa e incompleta. Amnistía Internacional ha documentado la represión de disidentes durante la pandemia de Covid-19 y la aprobación en diciembre de 2020 de nuevas leyes que silencian la disidencia. Además, la organización ha documentado cómo la respuesta del gobierno nicaragüense a la pandemia de Covid-19 contraviene el derecho internacional de los derechos humanos en lo relativo al derecho a la salud y deja también al personal sanitario expuesto a sufrir represalias, hostigamiento e intimidación simplemente por velar por la salud de otras personas. Estos hechos son precedentes peligrosos, que Amnistía Internacional continuará manteniendo bajo observación durante el año, especialmente en el periodo previo a las elecciones presidenciales de noviembre.
En mayo de 2020, Costa Rica y la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentaron el Acceso Mancomunado a la Tecnología contra el Covid-19 (C-TAP) a modo de plataforma voluntaria de intercambio para recopilar todos los datos, conocimientos, material biológico y derechos de propiedad intelectual, y luego otorgar licencias de producción y transferir tecnología a otros posibles fabricantes.
En una región como América Latina y el Caribe, que es la de mayor desigualdad del mundo, este tipo de mecanismos son esenciales para maximizar el acceso a la vacuna, especialmente porque es probable que la demanda de vacunas contra el Covid-19 supere el suministro durante el futuro próximo.
La mayoría de los países de América Latina y el Caribe se ha sumado también al mecanismo Covax, que, coordinado por la OMS, tiene por objeto aunar la demanda mundial de vacunas contra el Covid-19 y distribuir 2.000 millones de dosis para el final de 2021. No obstante, el suministro de vacunas del Covax no será suficiente para satisfacer la demanda de vacunas en la región.
Amnistía Internacional identificó sólo un ejemplo de institución pública que había hecho público parcialmente el contrato con una empresa farmacéutica que desarrollaba vacunas contra el Covid-19: La organización pública Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada al Ministerio de Salud, en Brasil en octubre. Aunque fue un avance importante, en la versión pública del acuerdo podrían estar incluidos más datos sobre las condiciones relativas a la propiedad intelectual y el precio. Además, lamentablemente ese paso no ha sido suficiente, ya que Brasil ha estado negociando con otras empresas farmacéuticas y no ha publicado las condiciones de otros acuerdos. Por su parte, a principios de marzo, el gobierno de la República Dominicana respondió a una solicitud de una organización internacional dedicada a la transparencia, facilitando una copia de su contrato con la empresa Pfizer. La organización internacional hizo público este contrato, que incluye el monto en dólares pagado por el gobierno y el número total de dosis compradas.
En el caso de México, en el portal oficial donde suelen publicarse los contratos del gobierno se publicó una descripción general del contrato de adquisición de vacunas de AstraZeneca firmado el 12 de octubre de 2020, incluida la cantidad total de dólares estadunidenses que el gobierno mexicano ha transferido a la empresa. No obstante, el contrato en sí sigue siendo confidencial, conforme a la tendencia general en la región.
El contrato de México con AstraZeneca corresponde a uno de los primeros acuerdos sobre vacunas anunciados en la región. En agosto de 2020, los gobiernos de Argentina y México anunciaron un acuerdo con AstraZeneca para garantizar la producción y distribución de entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca.
CONTINUARÁ…
Fuentes: https://www.amnesty.org
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