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El gobierno de Michoacán, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional en contra del acuerdo emitido el 11 de mayo por el gobierno federal, donde se faculta a las Fuerzas Armadas para apoyar las tareas de seguridad pública, de manera subordinada a la autoridad civil, y por un periodo de cinco años.
En la demanda, el gobierno de Michoacán alega que el gobierno federal invade sus facultades al permitir el despliegue de tropas dentro de su territorio, además de que este acuerdo sería contrario al texto de la Constitución.
Silvano Aureoles ha manifestado su inconformidad con el citado decreto, durante las reuniones semanales que sostiene con los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Colima y Durango, donde también se ha planteado la idea de ir ante la Suprema Corte contra el decreto por las llamadas energías limpias y el pacto fiscal.
La controversia promovida por Michoacán contra el acuerdo sobre la participación militar en tareas de seguridad pública fue presentada ante la Suprema Corte el pasado viernes por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo estatal, y fue turnada para su estudio a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, debido a que ya tiene bajo su ponencia otra controversia por el mismo tema, promovida por el municipio de Colima.
A la fecha, ninguna de las dos controversias ha sido admitida a trámite.
AGENCIAS
MICHOACÁN
