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Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quitó la prisión preventiva a los fraudes, su presidente, Arturo Zaldívar, consideró que la aplicación de esta medida, de manera oficiosa, castiga a los más pobres.
“La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional”, escribió el ministro en Twitter.
El lunes, la SCJN dio un revés al Gobierno federal al suprimir la prisión preventiva, es decir, cárcel automática, a detenidos por delitos de contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal.
La prisión preventiva estaba contemplada en todos aquellas operaciones irregulares, cuyos montos ascendieran a más de 8.6 millones de pesos.
Al revisar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y senadores de Oposición, el pleno de la Corte por ocho votos contra tres declaró la inconstitucionalidad de las modificaciones legales a los apartados de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevén la medida cautelar más severa para los procesados por esos tres delitos.
Ayer, el ministro presidente Arturo Zaldívar consideró que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, conforme a la Carta Magna y las normas internacionales.
Quienes apoyaron el proyecto del ministro Franco fueron sus homólogas Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa.
AGENCIAS MÉXICO
