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Asegura su titular, María Luisa Albores que lo sucedido “no fue un accidente, fue una negligencia de la empresa”.
SONORA
AGENCIAS
La Semarnat presentó el 17 de agosto una denuncia penal contra Grupo México por que no se ha cumplido la remediación ambiental y además aún hay daños a la salud de la población de Cananea, Sonora, por el derrame de residuos peligrosos de hace nueve años de la minera Buenavista del Cobre.
No se acepta el cierre del fideicomiso establecido para ese fin, ya que ni siquiera se invirtieron los 2 mil millones de pesos comprometidos, fueron menos de mil millones de pesos, sostuvo su titular, María Luisa Albores.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, para hablar sobre el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de la filial de Grupo México, ocurrido el 6 de agosto de 2014, dijo que lo sucedido “no fue un accidente, fue una negligencia de la empresa”.
La denuncia se presentó ante la delegación de la Fiscalía General de República en Sonora, contra Mexicana de Cananea, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, todas ellas de Grupo México.
Advirtió que las autoridades anteriores de la dependencia entregaron 73 cajas de documentos del expediente del caso a la empresa y ni siquiera se quedó con copias físicas ni digitales.
Dijo que Rodolfo Lacy, quien era subsecretario de Planeación de la dependencia en el sexenio pasado y era presidente del fideicomiso, fue el fundador del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, al cual se le entregaron 28.6 millones de pesos del fideicomiso y otros 156 millones al Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora.
Además, la planta potabilizadora costó 4.7 millones y sólo operó de 2015 a 2017, también se financiaron nueve plantas, pero sólo una operó una por un mes debido a que no había energía, “y esto se realizó por Conagua y Grupo México, por Víctor Hugo Alcolcer, subdirector general Técnico de Conagua y empleado ahora de Grupo México”.
Recordó que el primero de diciembre de 2016 se determinó la remediación, en febrero de 2017 se determinó la extinción del fideicomiso, y por un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debieron reintegrar 77 millones de pesos a Grupo México.
