Liberal del Sur – Periodismo Trascendente Noticias de Coatzacoalcos y el Sur de la Región
En el artículo anterior hablamos que además de obligar a migrantes y solicitantes de asilo a permanecer en Chiapas, el INM sigue haciendo expulsiones masivas de personas haitianas a Guatemala, algo que, según las ONG que trabajan en la frontera sur, es una práctica habitual; esta práctica es contraria al derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados.
Mientras estaba en Tapachula, el 15 de octubre, hacia las 6 de la tarde, justo antes del anochecer, una delegada de Amnistía Internacional vio a unos funcionarios de inmigración deportando en pequeñas furgonetas a unas 15 personas haitianas, entre las que había 4 menores, a la frontera con Guatemala.
Las personas afectadas dijeron que habían entrado en México ese mismo día cruzando el río Suchiate, pero que los funcionarios de inmigración las habían detenido cuando se dirigían en varios taxis a Tapachula y, sin hacer una evaluación individual de sus necesidades de protección ni darles información sobre su derecho a pedir asilo, las habían devuelto a Guatemala sin el proceso debido.Igualmente, unas semanas antes, según organizaciones locales, funcionarios del INM y la Guardia Nacional de México aprehendieron a numerosas personas haitianas y de otras nacionalidades, las deportaron desde Del Río (Texas) y otras localidades de México a aeropuertos del sur de este país y luego a la frontera con Guatemala, donde las abandonaron, sin haber llevado a cabo tampoco ningún trámite administrativo ni evaluaciones de riesgo individualizadas.
Las autoridades mexicanas tienen la obligación de garantizar no sólo que las personas que solicitan asilo reciben una evaluación imparcial de su necesidad de protección, sino que se respetan y protegen sus derechos humanos en el proceso.
Se les debe dar acceso a alimentos y a otros servicios esenciales sin discriminación. Aun así, la investigación inicial de AI/HBA indica que las prácticas actuales en México, especialmente la de contener a migrantes y solicitantes de asilo en Tapachula, hace que el proceso de solicitar protección internacional sea extenuante, especialmente para las decenas de miles de personas haitianas, muchas de las cuales tenían empleos de baja remuneración antes de llegar a México y cuentan con pocos ahorros o carecen de ellos, por lo que a menudo no pueden cubrir sus necesidades de comida y alojamiento.
Amnistía Internacional oyó y vio a numerosas personas solicitantes de asilo haitianas reuniéndose y durmiendo a la intemperie en parques públicos. Una de ellas dijo que tenían que lavar constantemente la ropa de su familia porque sólo tenían una o dos prendas para mudarse cada persona. Otro hombre que había llegado a México en septiembre de 2020 dijo que, aunque esperaba quedarse en México, su pareja estaba embarazada de nueve meses y estaba preocupado porque no iba a poder mantener al bebé. El equipo de investigación también oyó de varias fuentes que las mujeres haitianas embarazadas necesitan acceder a servicios de salud, pero temen acudir a ellos por la barrera del idioma y las experiencias de discriminación interseccional en el acceso a la atención sanitaria debido al idioma, la raza y la nacionalidad.
Muchas personas haitianas trabajan en la economía informal de Tapachula como único medio de subsistencia durante los meses de espera hasta que se resuelve su solicitud, con poca asistencia humanitaria y sin poder trabajar formalmente o encontrar empleo en un mercado saturado.
Aunque la legislación mexicana prevé que quienes solicitan la condición de refugiado pueden recibir visados por razones humanitarias hasta que se resuelva su condición migratoria, lo que incluye el derecho a trabajar, en la práctica el INM ha dejado de emitir esos visados.
Según informes, hasta las empresas locales se quejan de que las autoridades mexicanas hayan convertido Tapachula —que está en un estado con un índice de pobreza del 78%— en una “olla de presión”. Muchas personas haitianas que hablaron con AI/HBA expresaron interés en quedarse en México o en cualquier otro país donde pudieran mantener a su familia y recibir garantías de que no serían devueltas a Haití. Aun así, tenían dificultades para sobrevivir en un contexto tan adverso.
La mayoría de las personas entrevistadas en Tapachula habían viajado desde Chile y hablaron reiteradamente de la imposibilidad de regularizar su condición migratoria allí como el factor principal de su decisión de salir del país. La mayoría dijeron a AI/HBA que aunque el gobierno de Bachelet había facilitado permisos de trabajo temporales, la renovación de sus documentos o de su residencia había resultado cada vez más difícil, si no imposible, con el actual gobierno de Piñera. Ninguna de las personas que hablaron con AI/HBA había solicitado asilo en Chile, en gran medida por desconocer el proceso. En los últimos meses han aumentado en Chile las actitudes xenófobas y contrarias a las personas migrantes, alimentadas por las políticas del gobierno actual. Según reiterados testimonios de personas haitianas, la discriminación racial y otras formas de discriminación interseccional, desde constantes microagresiones hasta actos abiertamente racistas, fue otro de los factores que influyeron en su decisión de salir de Chile. Esto es algo que las organizaciones habían documentado con anterioridad.
Un hombre dijo en Tapachula a Amnistía Internacional que su familia decidió salir de Chile porque sus hijos sufrían acoso racista en la escuela. Otros dijeron que se sentían discriminados en sus lugares de trabajo. Un varón de entre 30 y 40 años dijo: “Puedes estar haciendo el mismo trabajo [que una persona de otra raza o nacionalidad], y te pagan menos y piden más”. Un hombre de entre 50 y 60 años dijo a Haitian Bridge Alliance que no le pagaron después de trabajar durante cuatro días en un proyecto de construcción, algo que le había ocurrido con frecuencia. Agregó que no valía la pena denunciar el robo de salarios ante las autoridades chilenas. Una mujer dijo a Amnistía Internacional que, cuando viajaba en autobús en Chile, a veces notaba que las personas blancas se mudaban a otro asiento, en vez de sentarse a su lado. Notaba que la gente también le hablaba de manera distinta porque era negra. Una mujer dijo a Haitian Bridge Alliance que vendedores callejeros intentaron impedir que hiciera ese trabajo al no entregarle la documentación necesaria para vender y arrojarle agua y otras cosas cuando intentaba iniciar su actividad.
CONTINUARÁ…
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Fuente: https://www.amnesty.org
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