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Una organización de derechos humanos denunció que entre las once personas que el Ejército abatió y presentó como disidentes de las FARC en el departamento colombiano de Putumayo el lunes había un menor de 16 años, un líder comunal y un gobernador indígena.
Se trata de Brayan Santiago Pama, de 16 años; de Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) Remanso, y su esposa, Ana María Sarria Barrera, y de Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, indicó la Red de Derechos Humanos del Putumayo este martes en un comunicado.
En total serían siete los “habitantes de la comunidad”, es decir, civiles, que la organización de derechos humanos asegura que había entre los 11 abatidos.
“En operaciones de nuestra Fuerza Pública se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)”, escribió el presidente colombiano, Iván Duque, este lunes en Twitter.
Fuentes del Ejército confirmaron que una mujer embarazada detenida fue atendida por las tropas en el municipio de Puerto Leguízamo, mientras que en la operación resultó herido un soldado, que fue evacuado y está en buen estado de salud.
Por su parte, la Red de Derechos Humanos del Putumayo subrayó que hay “cuerpos desaparecidos” y que también se ha producido “desplazamiento de los habitantes de la vereda, ante la preocupación y el miedo que estos hechos causan y el rechazo rotundo al reporte que hasta el momento ha hecho el Ejército”.
Muerte de menores en enfrentamiento
No se trataría de la primera vez que el ejército colombiano mata a menores de edad en uno de sus operativos, ya que, según denuncias de diferentes organizaciones, el año pasado se produjeron al menos tres casos.
Cuatro menores figuraban entre los ocho fallecidos en un bombardeo del Ejército contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 16 de septiembre en la selva del Chocó, y un indígena de 17 años murió el 5 de julio en un ataque contra un campamento de disidencias de las FARC en una zona rural de San Vicente del Caguán, en el sur, según denunció la Defensoría del Pueblo.
También se denunció la muerte de varios menores el 2 de marzo de 2021 en un ataque a las disidencias bajo el mando de Miguel Botache, alias Gentil Duarte, en el municipio de Calamar, en el Guaviare.
En ese bombardeo se denunció la muerte de hasta 14 menores que también habrían sido reclutados, aunque el Instituto de Medicina Legal solo confirmó en un primer momento la presencia de una menor de 16 años.
El ministro de Defensa, Diego Molano, justificó entonces el “uso legítimo de la fuerza” contra menores reclutados por grupos armados porque, según alegó, dejan de ser víctimas y se convierten en “máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana”.
Un caso similar ocurrió el 29 de agosto de 2019, también en San Vicente del Caguán, cuando el Ejército bombardeó un campamento de disidencias de las FARC y más de dos meses después se reveló que entre las víctimas había ocho menores, lo que aceleró la dimisión del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.
AGENCIAS INTERNACIONAL
