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Los países exportadores de armas a México deben reconocer el riesgo de su uso criminal y aplicar los controles necesarios, insistió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
Antes de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump, la Cancillería publicó en su revista digital interna el análisis de su titular y de otros funcionarios sobre el tráfico ilegal de armas al país.
En su artículo, el canciller aseguró que el mandatario federal le instruyó desde que asumió el cargo coordinar las acciones necesarias para hacer frente al flujo ilícito de armas de fuego, principalmente las que provienen de Estados Unidos.
“Confiamos en que los países exportadores reconozcan el riesgo del uso criminal de las armas y apliquen los controles necesarios.
“Estamos convencidos de que este esfuerzo, para detener el tráfico ilícito de armas a México, requiere de la participación de diversos actores y la creación de consensos en distintos frentes con el apoyo de la sociedad civil. Por esto nos hemos propuesto posicionar en la agenda pública binacional y global la necesidad de detener la violencia armada en nuestro país”, aseveró.
VAN POR NUEVO ENFOQUE
EN MATERIA DE SEGURIDAD
Según el análisis de la SRE, los acuerdos de administraciones anteriores en materia de seguridad han sido fallidos, por lo que ahora se requiere un nuevo enfoque.
El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, escribió que el problema es tan grave que será imposible que el Gobierno de México frene la introducción de armas ilegales. Indicó que el 70 % llega de EU y el 30 restante de Europa.
“En México, una vez que logran llegar como país de destino, el comercio se torna en corrupción, se evaden controles por parte de las autoridades correspondientes y, finalmente, las armas pasan de manera ilícita al mercado negro”, resumió.
La estrategia integral para hacer frente al delito, detalló, implica intercambio rápido y oportuno de información con Estados Unidos, un mejor sistema de rastreo y capacitar a los responsables de los sistemas de rastreo para identificar la trazabilidad de las incautadas, verificar su legalidad y establecer vínculos entre éstas y hechos delictivos.
México
Érika Hernández/Reforma
