La evaluación médico-psicológica en caso de torturas en México

En los artículos anteriores hablamos de tortura, pues ella implica una serie de violaciones graves a los derechos humanos que deben ser investigados en su totalidad.

Las fallas estructurales que hemos señalado en los exámenes de medico-psicológicos basados en el Protocolo de Estambul, según lo que las organizaciones de defensa de derechos humanos han detectado, son:

1. La falta de acceso efectivo al examen


No existe la fiabilidad total de la aplicación del Protocolo de Estambul, el cual cuantifica indicadores objetivos en una persona que ha sufrido el delito tan deleznable de tortura, debido a que no existe el personal suficiente.

Según las solicitudes de transparencia de varias organizaciones de atención a víctimas, la Fiscalía General de la República reportó que contaba con el capital humano de 162 médicos y 49 psicólogos, capacitados en el rubro de atención a víctimas de tortura bajo los criterios del Protocolo de Estambul, recordando que hasta el 2019 el centro de profesionalización de funcionarios encargados de la procuración de justicia, Inacipe (Instituto Nacional de Ciencias Penales), aperturó la Certificación en la evaluación medico-psicológica en tortura.

Ese suceso abre varias interrogantes, como: ¿Previo a la certificación, qué calidad y criterios sustentaban las evoluciones en materia de tortura? ¿Si no había parámetros cuantificables antes del 2019 a nivel federal, qué ocurre en los estados? ¿Quién es el profesional encargado de realizar la investigación, el médico, el psicólogo o el criminólogo?

El Estado mexicano, siendo un país en vías de desarrollo, se encuentra bajo un panorama de profunda desigualdad en varios de los rubros de la vida privada y pública, pasando a través de la materia justicia.
Es una realidad que la calidad de la atención en la evaluación por parte de servidores públicos dista de la rigidez y tiempo invertido por los especialistas particulares, dejando una notoria desigualdad de oportunidades.

2. Investigaciones tardías

Retomando el punto anterior, con la falta de personal especializado se generaliza a todo el personal operativo que actúa en la procuración de justicia, retrasando la atención específica en estos casos.
Por ello, al no realizar los procedimientos para la detección de este delito, muchas de las secuelas físicas se encuentran comprometidas.

Por esta razón llega a la conclusión de falta de evidencias contundentes de posible “delito”. Aunado a la baja calidad de exámenes técnicos, dándole una baja relevancia a las señales de trauma psicológico.
3. Falta de independencia y monitoreo
Los peritos oficiales de las fiscalías y demás organismos encargados de atención no cuentan con independencia operativa para acciones pertinentes de investigación; con mucha frecuencia se encuentran con algunos conflictos de intereses, ya que, al ser parte del sector público, tienen que lidiar con que su mismo sector es el que recibe más denuncias por el delito de tortura.

Otra de las circunstancias que favorecieron esta hecatombe de seguridad, y la implementación de la política criminal del Estado mexicano, fue también el inicio de la Iniciativa Mérida, que apoya el plan de acción que dota de recursos económicos y tácticos para implementar políticas públicas de seguridad reactivas antes al narcotráfico, buscando, ante todo, la desarticulación de los grupos de delincuencia organizada a toda costa.

La primera acción la Iniciativa Mérida fue sacar al Ejército de las calles para realizar acciones de seguridad pública, buscando restablecer la gobernabilidad de varios estados del país.

Esto creó la tormenta perfecta para que el Estado mexicano se encontrara en una situación de seguridad comparada con una guerra civil, al converger todas las circunstancias.

Por lo tanto, se comenzó a ver a estos grupos delictivos como el enemigo, fundamentado en los principios filosóficos de la corriente punitiva “Quien abandona el contrato de ciudadano pierde todos sus derechos”.

CONTINUARÁ…

Fuente: https://revistas.juridicas.unam.mx

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