Liberal del Sur – Periodismo Trascendente Noticias de Coatzacoalcos y el Sur de la Región
Las manifestaciones del 11 de julio en Cuba fueron de las mayores desde 1959. Estas llamaron la atención del mundo entero no solo por su masividad y espontaneidad, sino también porque la isla no está acostumbrada a ver demostraciones de este estilo en contra del poder de La Habana.
Los detonantes de estas protestas -que se generaron espontáneamente a través de las redes sociales en distintas localidades del país- fueron la crisis sanitaria producto de la pandemia de COVID-19, la escasez de alimentos y medicamentos, y las restricciones a la libertad de expresión que rigen desde hace 62 años. Si bien este último factor existe desde el comienzo del régimen de Fidel Castro -hoy continuado por Miguel Díaz-Canel-, la profundización de la crisis económica y el aumento de la marginalidad hicieron que la gente pierda el miedo a salir a la calle.
El caso más delicado es el de Jonathan Torres, debido a su estado de salud. Jonathan sufre una hipertrofia en el ventrículo izquierdo del corazón, producto de la hipertensión arterial que le requiere tomar una medicación todos los días para controlar la presión en su sangre.
Los tres jóvenes participaron de la manifestación del 11J y sufrieron en carne propia la represión de las fuerzas de seguridad. “Sí, mis tres hijos participaron en la marcha, de los tres sale un video protestando. A la hembra le dieron una pedrada y a Emiyoslan un tiro de goma en el pie”. Y al ser consultado sobre las condiciones de su detención, respondió: “De la condición no se nada porque apenas podemos hablar, solo me dice que está bien pero no hemos podido hablar de eso”.
La ONG Justicia 11J se encarga, entre otras cosas, de acompañar a los familiares de los menores detenidos y de ofrecer ayuda para encauzar los casos legalmente -con consejos, asesorías o en la redacción de algún documento-, y para soportar emocionalmente el momento.
“Hemos estado al tanto, de manera preferencial, de los casos de los y las menores de 18 años, precisamente por la vulnerabilidad que suponen en el escenario de violaciones del debido proceso y de los derechos humanos que acá cada día se hacen más frecuentes. En ese sentido, hemos alertado sobre la necesidad de acompañamiento psicológico de estos menores, que se enfrentan por primera vez, a tan corta edad, a procesos de investigación penal y a la vida en reclusión”, declaró Camila Rodríguez.
Agencias/Internacional
