El pescador Ricardo Torres posa para un retrato cargando dos pescados, al interior de su vivienda en la comunidad de Xochitlán Palmillas, municipio de Texistepec, Veracruz.

Desde que llegó esta contaminación estamos tristes: indígena y pescador

Ricardo Torres Cruz, líder indígena nahua y pescador, viajó 546 kilómetros a la Ciudad de México para entrar a la Fiscalía General de la República (FGR) y ratificar una denuncia de hechos por la mortandad de peces en los arroyos que rodean su casa en el Estado de Veracruz, en las cercanías de las costas del Golfo de México.

El 29 de junio de 2021, Torres viajó a la capital mexicana como presidente de la junta directiva de la cooperativa pesquera y agrícola “Sembradores de Aztapan” del pueblo de Xochitlán Palmillas en el Estado de Veracruz. Llegó a la Ciudad de México para presentar de forma oficial un reto legal que él y los presidentes de las otras tres cooperativas de Veracruz buscan tras décadas de quejarse y exigir al gobierno que tome medidas sobre el lodo tóxico y peces muertos en sus vías acuáticas.

“Hace tiempo éramos felices. Ibas al río y pescabas de todo, había muchos peces, pero desde que llegó esta contaminación estamos tristes”, dijo Don Ricardo, como le dicen por respeto a las personas en su comunidad. Por eso fue necesario hacer un largo viaje a la capital del País, explicó. Y de esa forma, ratificar legalmente su demanda de que Pemex, la petrolera global con más de $47 mil millones de ingresos y una historia documentada de contaminación, pague indeminizaciones y remedie la pesquería.

“Hemos acudido con las autoridades federales, estatales y municipales, pero como desgraciadamente Pemex es el fuerte de México, a nosotros, por ser indígenas, por ser humildes, por ser pescadores, nos ignoran y humillan y por eso llegamos hasta esta instancia, para ver si nos hacen caso”, agregó.

Las cooperativas pesqueras no son adineradas, pero tradicionalmente habían recolectado lo suficiente de los ríos y estuarios a lo largo de la costa tropical del Golfo de México para alimentar a sus familias y vender parte de la pesca, como mojarra y camarón. Las comunidades nahuas son parte del grupo indigena más reconocido de México que incluye a los mexicas, comúnmente conocidos como los aztecas. Hoy, los nahuas de Veracruz son pobres y sobreviven a base de agricultura y pesca al por menor.

Pero hasta ahora, después de décadas de quejarse, lo único que han logrado las cooperativas pesqueras ha sido provocar la ira de funcionarios del gobierno e intereses empresariales, y caer en un frustrante laberinto de leyes mexicanas en conflicto. Aunque han creado conciencia sobre la horrible contaminación que ha corrompido sus vías acuáticas y fuentes de alimentación e ingresos, también afirman que se han convertido en blancos de represalias políticas, intimidación y ofertas de sobornos.

“En México, la vida está por debajo de la legislación de las actividades extractivas. No consideran el impacto ambiental y social sobre las comunidades indígenas”, dijo la abogada Diana Pérez, miembro del Consejo Tiyat Tlali, una red de organizaciones sociales del vecino estado de Puebla.

DÉCADAS DE CONTAMINACIÓN CON AZUFRE
La petrolera es propietaria de la Unidad Minera de Texistepec (UMIT), un área de cerca de mil 500 hectáreas donde la Compañía Exploradora del Istmo (CEDI) extrajo azufre de 1971 a 1993. En 1993, CEDI declaró la quiebra y sus instalaciones pasaron a Pemex como pago de deudas. Según la denuncia de los pescadores, Pemex ha fracasado en sus intentos por vender los terrenos enredados en problemas con respecto a la posesión y la contaminación.
CEDI dejó abandonados 2 mil 888 pozos de extracción de azufre, tres presas con 11 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, 43 depósitos de hidrocarburos (chapopoteras), cerca de medio millón de toneladas de carbón ácido a cielo abierto y casi 21 km de caminos revestidos con residuos de carbón ácido, según el diagnóstico realizado por la Universidad Autónoma de México (UNAM) en el año 2000.

Esta historia es el resultado de ocho meses de entrevistas con residentes del área minera, expertos en contaminación y química y exfuncionarios gubernamentales, más la revisión de más de medio millar de folios oficiales. A lo largo del proceso, Pemex, sus sucursales industriales y las autoridades del medioambiente y recursos naturales del gobierno mexicano no dieron respuesta a las numerosas solicitudes de comentarios.

“Yo me dedico a la pesca y mis hijas se pusieron a llorar por la tristeza que les dio ver la cantidad de pescado boqueando, a flor de agua, porque se quedaron sin oxígeno”, contó el denunciante e indígena nahua, Ismael Nazario Mendoza, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa pesquera La Lajilla, El Palmar S.C. de R.L., del municipio de Jáltipan.

Durante 22 años, la CEDI inyectó agua a 160 °C al manto azufroso, para fundir el elemento. Ese azufre, contaminado con hidrocarburo en el subsuelo, se bombeaba a la llamada Presa de Agua Ácida. De ahí, se conducía sin tratamiento, a través de un canal de 8 kilómetros, a la presa artificial Agua de Minas en la que se ubica una compuerta de descarga hacia el arroyo Apepecho, que fluye al río Chiquito y al Coatzacoalcos.

 

VERACRUZ
ALICE PIPITONE

TE PUEDE INTERESAR

Mareas rojas en costas de Yucatán

La marea roja que ya afecta las costas de este puerto puede durar meses y …