Liberal del Sur – Periodismo Trascendente Noticias de Coatzacoalcos y el Sur de la Región
Javier Tarazona (director de la ONG local FundaREDES), Rafael Tarazona y Omar de Dios García (activistas de FundaREDES), fueron detenidos arbitrariamente el 2 de julio de 2021 tras intentar denunciar acoso por parte de agentes de las fuerzas de seguridad ante la Fiscalía General en la ciudad de Coro (oeste del país).
Los tres defensores de los derechos humanos permanecieron en paradero desconocido durante 24 horas. Las autoridades los presentaron ante un juez, que les negó asistencia letrada de su elección y les asignó abogados de oficio. Los tres fueron acusados de terrorismo, entre otros cargos.
FundaREDES es una organización de derechos humanos venezolana que promueve y defiende los derechos humanos en los estados limítrofes de Táchira, Apure, Zulia, Falcón, Bolívar y Amazonas.
Su trabajo incluye la documentación e información sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por agentes no estatales en estas regiones. Más recientemente se ha centrado en documentar la violencia en el estado de Apure, en el sur de Venezuela, en lo que se ha calificado de conflicto con grupos no desmovilizados de las FARC.
Según los medios de comunicación, los defensores de los derechos humanos Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García estaban en la ciudad de Coro en una actividad educativa con Jhonny Romero, representante de la ONG Mayday Confavidt. Jhonny Romero trabaja con víctimas de desaparición y trata de seres humanos en el estado de Falcón.
Tras la actividad, acudieron a la Fiscalía General a presentar una denuncia formal de acoso por parte de presuntos agentes de los servicios de inteligencia y la policía local. Ese mismo día, según indican los informes, unos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron arbitrariamente a cuatro de ellos, sin presentar orden judicial alguna.
No se comunicó formalmente su detención a sus abogados, y los defensores permanecieron en paradero desconocido durante 24 horas después de su arresto; pasado ese plazo, comparecieron ante un tribunal dedicado especialmente a terrorismo. Las autoridades pusieron en libertad a Jhonny Romero el 3 de julio, antes de la vista judicial.
La ONG local Foro Penal ha informado de que, a pesar de que sus integrantes son los abogados defensores de confianza de los defensores acusados, a los tres les asignaron abogados de oficio, aunque un miembro de Foro Penal pudo verlos y hablar con ellos. A causa de la falta de asistencia letrada de confianza, no está claro por qué se está investigando a los defensores, aunque se ha hecho público que se les acusa de odio, terrorismo y traición.
Algunos de estos delitos están tipificados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Las autoridades de Venezuela han utilizado habitualmente esta ley para criminalizar a quienes defienden los derechos humanos y a quienes realizan trabajo humanitario, como en el caso de cinco miembros de Azul Positivo en enero de 2021.
El gobierno de Nicolás Maduro ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja crisis humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y un futuro digno en el extranjero.
Hasta junio de 2021, más de 5,6 millones de personas habían huido del país. Todos estos sucesos no son hechos aislados. Desde principios de 2021, la sociedad civil de Venezuela ha informado de una nueva oleada de represión contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, centrada principalmente en criminalizar la cooperación internacional e intentar implementar nuevos mecanismos de represión contra la sociedad civil en el país.
Esta nueva serie de ataques de represión también ha afectado a medios de comunicación independientes.
El año pasado, un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, documentó centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, y concluyó que estas graves violaciones de derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Es profundamente decepcionante que, a pesar de las repetidas recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, así como de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, las violaciones de derechos humanos que se han denunciado repetidamente, continúan sin cesar en Venezuela. Las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana siguen activas a pesar de la recomendación de disolución de la Alta Comisionada, persisten las detenciones arbitrarias y procesamientos por motivos políticos, y las y los defensores de los derechos humanos continúan enfrentando un entorno asfixiante. Los recientes anuncios de reformas del Gobierno, incluidas sobre detenciones arbitrarias y una reforma judicial, no son creíbles cuando están dirigidos por presuntos perpetradores, y no cambian sustantivamente la política de represión.
Fuentes: https://www.amnesty.org
¡Ahora que lo sabes, haz valer tus derechos! cultura.legal19@gmail.com
