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Construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo no puede dejar de lado los derechos humanos, en especial los de millones de personas que han sufrido de violaciones a sus derechos, y de comunidades y grupos de población históricamente marginalizados, dijo Amnistía Internacional hoy en una carta abierta a las y los Jefes de Estado presentes en la IX Cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles la semana pasada.
“En vez de luchar por una recuperación justa de la pandemia en el continente más desigual del mundo, muchos de los Estados de las Américas han apostado por el camino contrario, reprimiendo manifestaciones pacíficas, amedrentando a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y poniendo en peligro la independencia judicial, en un crudo intento de silenciar las voces disidentes”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las Américas sigue albergando algunos de los movimientos transfronterizos de personas más grandes del mundo. Ante la iniciativa del gobierno estadunidense de buscar un “Pacto Migratorio” para la región durante la Cumbre, Amnistía Internacional quiere destacar que la mayoría de estos movimientos de personas son el resultado de las múltiples crisis de derechos humanos en países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, o la situación de violencia generalizada, a la que se han sumado desastres naturales asociados con el cambio climático, en Centroamérica.
La organización lamenta que, ante la imperiosa necesidad de protección, las autoridades de varios Estados estén respondiendo con políticas restrictivas y muchas veces inhumanas, militarizando sus fronteras, deteniendo a personas migrantes y refugiadas en condiciones precarias, y llevando a cabo devoluciones forzosas sin tener debidamente en cuenta sus solicitudes de asilo o la imposibilidad de retorno.
“Para millones de personas en las Américas, buscar protección internacional es su única opción para conseguir condiciones mínimas de dignidad y acceso a derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y la seguridad”, dijo Erika Guevara Rosas.
“Si los y las jefas de Estados de la región llegan a acordar un pacto migratorio, tiene que ser una herramienta colaborativa centrada en la garantía de los derechos humanos y capaz de dar soluciones efectivas y duraderas. Los Estados deben adoptar medidas coordinadas para proteger a las personas migrantes y refugiadas en las Américas, teniendo en consideración enfoques diferenciados para la atención específicas de grupos en riesgo, como niñas y niños migrantes no acompañados, mujeres, y personas LGBTI, entre otros.”
En su calidad de anfitrión, el gobierno de los Estados Unidos de América ha decidido como tema central de la Cumbre “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”. Amnistía Internacional considera que este futuro sostenible, resiliente y equitativo no puede dejar de lado los derechos humanos, en especial de millones de personas que han sufrido de violaciones a sus derechos, y de comunidades y grupos de población históricamente marginalizados. En el continente más desigual del mundo, y pese a que la pandemia de Covid-19 continúa exacerbando aún más las desigualdades, los Estados de las Américas no se han enfocado en una recuperación justa, por el contrario, han emprendieron esfuerzos para socavar los derechos humanos, reprimir manifestaciones pacíficas, amedrentar a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y poner en peligro la independencia judicial, en un intento por silenciar las voces disidentes. Ante este escenario, la región sigue albergando algunos de los movimientos transfronterizos de personas más grandes del mundo. Ante la iniciativa del gobierno estadunidense de buscar en esta Cumbre de las Américas un Pacto Migratorio para la región, la organización quiere destacar que la mayoría de estos movimientos de personas son el resultado de las múltiples crisis de derechos humanos, tales como la prolongada crisis en Venezuela, que ha expulsado a más de seis millones de personas buscando protección internacional; o la persecución de personas por motivos políticos en Nicaragua y Cuba; o de la situación humanitaria en Haití, que provoca el movimiento de miles de personas en todo el continente; o la situación de violencia generalizada, a la que se han sumado desastres naturales asociados con el cambio climático en Centroamérica, propiciando que decenas de miles de personas de El Salvador, Honduras y Guatemala emprendan camino hacia el norte del continente. Y a este respecto la organización lamenta que, ante la imperiosa necesidad de protección, las autoridades de varios Estados de la región están respondiendo con políticas restrictivas y muchas veces inhumanas, deteniendo a personas migrantes y refugiadas en condiciones precarias, mientras que otros llevan a cabo devoluciones forzosas sin tener debidamente en cuenta sus solicitudes de asilo o la imposibilidad de retorno, como en el caso de Haití.
La militarización de las fronteras también se ha convertido en una constante en varios países de la región, generando así un contexto de violaciones a los derechos humanos no sólo de las personas que intentan buscar protección, sino de las propias comunidades de acogida. A fin de poner en contexto la apremiante situación, Amnistía Internacional recuerda que sólo el año pasado, de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), al menos 650 personas perdieron la vida tratando de cruzar la frontera de México y Estados Unidos, siendo el número más alto desde 2014. Además, también en el 2021, bajo pretexto de normas de salud pública, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos llevó a cabo de forma conjunta con autoridades mexicanas la devolución sumaria, innecesaria e ilegítima de casi 1.5 millones de personas refugiadas y migrantes, entre quienes estaban miles de personas menores de edad no acompañadas. Y por lo sí anterior fuera poco, las autoridades mexicanas recluyeron en condiciones de confinamiento al menos a 252 mil 526 personas en centros de detención migratoria.
Es imperioso que la respuesta de los Estados en el continente se centre en garantizar la protección de derechos humanos; el mencionado pacto migratorio debería ser una herramienta de colaboración y coordinación regional capaz de dar soluciones efectivas y duraderas en el tiempo. No hacerlo sería desconocer la realidad de millones de personas que buscan protección internacional, siendo en muchos casos, la única forma de garantizar condiciones mínimas de dignidad y acceso a derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y la seguridad. En ese sentido, Amnistía Internacional hace un urgente llamado a los y las jefas de Estado de las Américas para que adopten medidas coordinadas que permita proveer de protección a las personas migrantes y refugiadas en los países de la región, teniendo en consideración enfoques diferenciados para la atención específicas de grupos en riesgo, como niñas y niños migrantes no acompañados, mujeres y niñas, personas LGBTI, entre otros. De igual forma, la organización urge a las autoridades de los Estados a instalar y fortalecer las capacidades de infraestructura y respuesta ante estos flujos migratorios transfronterizos a fin de contar con una respuesta regional coordinada, articulada y sostenida en el tiempo.
Lo anterior, significaría una respuesta integral ante las necesidades de miles de personas en busca de protección internacional y una apuesta significativa en favor de los derechos humanos.
¿Usted qué opina?
Fuente: https://www.www.amnesty.org
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Gabriel Alberto Ramírez Nazariego
