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Padres, madres, familiares, estudiantes y colectivos marcharon ayer para exigir justicia, a nueve años de su desaparición.
MÉXICO
AGENCIAS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó ayer martes a México a esforzarse más por esclarecer la verdad sobre la desaparición de 43 estudiantes a manos de narcotraficantes hace nueve años.
La CIDH “reitera su llamado a profundizar los esfuerzos estatales para romper el denominado “pacto de silencio””, afirma en un comunicado.
Se trata de garantizar “medidas de seguridad y protección personal a quienes aporten elementos relevantes para avanzar en las líneas de investigación y determinar el paradero de los estudiantes”, añade este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Además la Comisión llama al poder judicial mexicano a establecer las “responsabilidades penales de las personas judicializadas y sancionar en debida forma a los autores responsables, a fin de evitar que los hechos queden en la impunidad”.
La desaparición de los jóvenes se atribuyó al cártel Guerreros Unidos y a policías a su servicio.
No están claras las motivaciones pero se considera que otras autoridades estuvieron al tanto de los hechos que terminaron probablemente con el asesinato de los jóvenes.
Actualmente están detenidos el exfiscal general Jesús Murillo Karam, dos generales, 20 miembros del ejército y otras 100 personas entre delincuentes, agentes de seguridad y funcionarios, pero no hay condenas.
Los familiares de las víctimas acusan al gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador de no haber entregado toda la información disponible sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala (estado de Guerrero, sur), pero el ejecutivo lo niega.
Los jóvenes fueron secuestrados tras apoderarse de autobuses para ir a una manifestación a Ciudad de México.
Solo han aparecido restos incinerados de tres de ellos.
sobornó a militares
según el informe
del gobierno
El Gobierno de México confirmó que elementos del Ejército mexicano apoyaron y recibieron dinero del grupo criminal Guerreros Unidos lo que “facilitó” la desaparición forzada de los 43 normalistas la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
A nueve años de lo ocurrido, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público su informe sobre “Ayotzinapa, narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada” en donde se detalló los vínculos de los tres niveles de gobierno que tenía con el grupo criminal.
“Al momento de la desaparición de los estudiantes, Guerrero Unidos mantenía un importante nivel de penetración y cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región. Esta red que involucraba a autoridades de los tres órdenes de gobierno fue, sin duda, un factor que “facilitó” y perpetró la desaparición forzada de los 43 normalistas”, se lee en el informe de 34 páginas.
Las declaraciones señalan que los elementos de la Sedena recibían dinero, facilitaban al tráfico de drogas, daban protección y proveían de armas y municiones al grupo criminal.
