CALIDAD EDUCATIVA

El derecho humano a la educación es producto de movimientos sociales que vieron en el acceso a ella la senda del desarrollo personal y social. Nuestra Carta Magna consagra este derecho y mandata al Estado impartirla de manera universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

A pesar de los esfuerzos a lo largo de décadas, la Secretaría de Educación Pública indica que, a nivel nacional —ciclo escolar 2022-2023—, la educación básica sólo tiene una cobertura de 92 %, la educación media superior 78 %, y la educación superior, 30 por ciento.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sostiene que en la educación, además de promoverse la cobertura universal, los Estados deben procurar que este derecho deba ir acompañado de calidad; por lo tanto, el derecho a la educación debe de contener un elemento cuantitativo y otro cualitativo.

El primer elemento lo vislumbramos a través de las estadísticas aportadas por la SEP; el segundo —entre otras herramientas— es medido por el Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes conocido por sus siglas en inglés, PISA.

Esta evaluación ha sido implementada desde el año 2000 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se aplica —cada tres años— en más de 80 países a una muestra representativa de estudiantes de 15 años y busca medir su desempeño en los dominios cognitivos de matemáticas, lectura y ciencias. Es decir, se evalúa hasta qué punto los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades esenciales para la participación plena en la sociedad.

Los últimos resultados de PISA —publicados en 2019— corresponden a la evaluación de 2018, pues la siguiente valoración será publicada hasta 2023, debido a la emergencia sanitaria, de tal suerte que será hasta el próximo año que se conozca qué tan profundo es el daño que la pandemia por Covid-19 trajo a la educación en estos países.

Los resultados alcanzados indican —entre otras cosas— que en México sólo 1 % de los estudiantes obtuvieron un desempeño en los niveles de competencia más altos en al menos un área y que 35 % de ellos no obtuvieron un nivel mínimo de competencia en las tres áreas.

Otro dato preocupante es que 27 % de los estudiantes matriculados en escuelas con desventajas sociales y económicas, y 17 % de los alumnos de escuelas con mayores ventajas, asisten a una escuela cuyo director informó que la capacidad académica está obstaculizada por escasez de personal docente.

Así también, especialistas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advierten que la pandemia afectó a cerca de 31 millones de estudiantes de educación básica y media superior en nuestro país, por lo que quizá una generación de estudiantes nunca podrá recuperar los años de aprendizaje perdidos.

Con los resultados ofrecidos por la prueba, queda demostrado que ya existía una grave crisis educativa aun antes de la llegada de Covid-19 en México y cuyo único antídoto será incrementar la eficiencia del binomio cobertura-calidad.

Sólo lo que se mide puede mejorarse. Hoy el reto que enfrenta nuestra sociedad es alinear los esfuerzos de todos los sectores para que esta crisis educativa sea disminuida, pues de la garantía del derecho humano a la educación de las personas dependen —en gran medida— otros derechos constitucionales como el acceso al trabajo, a la salud y la creación de una buena ciudadanía para el desarrollo de nuestra nación. Es la mejor llave que deben tener la niñez y la juventud para forjarse un mejor futuro.

Como Corolario, la frase del filósofo chino Confucio: “La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz”.