Caballo Blanco, un año sin culpables

Al cumplirse un año de la masacre en el bar el Caballo Blanco, donde perdieron la vida 30 víctimas y un perpetrador del atentado, no hay un solo detenido, ni se tienen noticias de órdenes de aprehensión giradas contra presuntos culpables.
Alán Domínguez Muñoz, abogado de las víctimas, denunció que pese a las múltiples peticiones para acelerar el caso, la carpeta no avanza, por si fuera peor, el caso está entrampado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las víctimas -dijo-necesitan que la CNDH emita un dictamen de que fueron víctimas del delito para que los deudos puedan acceder a la reparación del daño y a las medidas de no repetición, verdad, y justicia.
Actualmente, las madres e hijos de las bailarinas y clientes que fueron masacrados ese día, reciben 4 mil pesos mensuales por parte de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas por concepto de fondo de ayuda, asistencia y alimentación.
Recurso que no es suficiente para el gran gasto que representa mantener a los huérfanos, incluso, muchas de esas madres aun deben los gastos funerarios.
El abogado indicó que representa a 14 de las 30 víctimas, y es importante que la CNDH avance en la integración de ese dictamen, que es necesario para la reparación del daño, la aplicación de medidas de no repetición, el derecho a la verdad y una disculpa pública.
En medio de las medidas que se estarían implementando -agregó- se busca que las autoridades federales y estatales monten un memorial.
Es decir, un monumento en el cual se recuerde lo que pasó hace un año en el bar el Caballo Blanco, la primer masacre de este gobierno de la república, y que sirva para que no se repita.
Alán Domínguez Muñoz dijo que al tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, los deudos están en todo su derecho de reclamar que haya un monumento en su nombre, para soportar la memoria de esos hechos terribles, sin importar que se trataba de un centro nocturno.
De no hacerlo -explicó- se estaría condenando a las víctimas a la criminalización, y no acceder al derecho humano de la memoria para las víctimas de la violencia.

SIN DETENIDOS
La investigación inicial, fue abierta por la Fiscalía General del Estado, encabezada en ese entonces por el Fiscal Jorge Winckler Ortiz -quien lucha desde la clandestinidad por demostrar su inocencia-, a su vez dio desglose a la Fiscalía General de la República (FGR) por los temas de delincuencia organizada, y la presencia de armas largas durante el ataque.
A la fecha, la investigación sigue en poder de la FGR, que la mantenía trabajando con el Ministerio Público, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA).
La FGR respondió a una solicitud de información (0001700528019) a este reportero, en donde confirmó que al buscar en sus archivos, no tienen registro de solicitudes de órdenes de aprehensión contra implicados en la masacre del 27 de agosto de 2019.
Alán Domínguez Muñoz, en el mismo tenor, confirmó que han sabido de detenidos, pero solo se les relaciona mediáticamente, sin que se vinculen los expedientes, tal como pasó con Ricardo N, alias La Loca; y Daniel N, alias Calavera.
En distintos momentos, los dos presuntos operadores del Cártel de Jalisco Nueva Generación, fueron señalados por el gobierno, en medios de comunicación, de ser los responsables de la masacre, pero ninguno está acusado formalmente.
Vaya, ni uno de los dos está encarcelado en la actualidad.
Después del incendio, autoridades achacaron el caso a Ricardo N, alias La Loca, quien él mismo, en un video, salió a decir que no tenía nada que ver con eso, incluso, la FGR lo exculpa.
A principios de enero del 2020, la Marina detiene en Coatzacoalcos a Daniel N, alias Calavera, presunto jefe el Cártel de Jalisco Nueva Generación en Coatzacoalcos, y también, mesiánicamente, le achacan el multihomicido, fue internado en un penal de Oaxaca por narcomenudeo, donde queda libre tiempo después.
El abogado indicó que saben que hay un detenido que tiempo después cobró el carácter de testigo protegido, se trata de un menor de edad que participó en esos hechos, quien fue localizado por la policía ya que llegó a una farmacia de la zona, al consultorio médico, a atenderse las quemadas que sufrió en ese atentado.
El defensor indicó que hasta ahora, no conocen que este supuesto testigo protegido haya aportado algo para esclarecer el caso, sobre todo, para definir quienes son los culpables.

EL TRASFONDO, COBRO DE PISO
Karina Hernández Flores era la persona que en ese entonces estaba al frente del bar, ella, una mujer adulta, que ya había regenteado otros centros nocturnos en Coatza, tenía poco tiempo de haber relanzado este negocio que durante años fue propiedad de Gonzalo Lastra Jiménez, El Gato.
Días antes, un allegado a ella, que lo tenía trabajando en ese negocio, había recibido la llamada de un sujeto que se acreditó como jefe de plaza para el Cártel de Jalisco Nueva Generación, quien pidió su cuota.
En las investigaciones, salió a relucir que el negocio ya pagaba cuota a un grupo, Los Zetas, y estaba pendiente la correspondiente al CJNG –este tipo de negocios, en Coatza, por lo regular solventan a los dos grupos- y en la llamada que recibió ese allegado, presuntamente, ya se había acordado el pago y fecha de depósito.
Pero se trataba de un engaño, realmente, la llamada fue efectuada desde un penal del norte del país, y los que estuvieron cobrando el dinero que correspondía al cártel, no eran los verdaderos dueños de la plaza, sino internos de ese penal.
Cuando los verdaderos advirtieron esto fue cuando vino la molestia de este grupo delictivo que a la fecha sigue bajo investigación por que desde los primeros días, han sido señalados como autores del incendio.

Coatzacoalcos
Ignacio Carvajal