La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Perú de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori generó este martes (05.12.2023) protestas de manifestantes en Lima, el rechazo de los familiares de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado a 25 años de prisión, y airadas críticas de organizacioness de derechos humanos.
“Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente”, expresó Gisela Ortiz, hermana de uno de los 10 estudiantes desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1992.
La desaparición de los estudiantes y un profesor de La Cantuta, y la matanza de 15 personas en Barrios Altos en 1991, son los dos casos de abusos de derechos humanos por los cuales Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel.
El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori y devolvió el caso al TC.
Juristas y activistas de derechos humanos consideran que la sentencia desafía a las organizaciones internacionales que han pedido justicia para las víctimas de la violencia de Estado.
“Esto es muy grave para el Estado de derecho, tendrá consecuencias jurídicas internacionales”
Carlos Rivera abogado del no gubernamental Instituto de Defensa Legal