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El diputado local Bonifacio Castillo señaló que cuentan con un registro de 800 personas indígenas que se encuentran recluidas en los penales del Estado, en muchos casos son por delitos menores, pero por falta de traductores de lenguas nativas continúan en prisión.
Expresó que es urgente que se contraten intérpretes que sean defensores bilingües, pues en muchas ocasiones los que hay son acreditados, pero no hablan todas las lenguas, lo cual es un obstáculo para que la ley se aplique de manera correcta.
“Son vinculados a proceso por diversos delitos sin contar con una defensa adecuada y técnica por abogados que hablen su lengua materna, lo que les permitiría ofrecer pruebas, interponer recursos y promover juicio de amparo”, añadió.
El legislador hizo un llamado al Poder Judicial para que informe si en los autos de vinculación a proceso dictados a personas indígenas fueron asistidos por defensores que hablaran su lengua materna y si en las sentencias condenatorias dictadas fueron tomados en cuenta los usos y costumbres, con base en los artículos 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 84 del Código Penal del Estado de Veracruz, pues no existe una información clara y precisa.
En entrevista, mencionó que se vincula a proceso a personas indígenas violando su derecho constitucional de ofrecer pruebas, con lo que podrían demostrar o justificar que no cometieron ni participaron en los hechos constitutivos de delito que se les imputa.
“La mayoría de las personas indígenas en reclusión desconocen que tienen derecho a los beneficios de la preliberación y sanciones no privativas de la libertad, como son libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución y suspensión temporal de las penas y preliberación por criterios de política penitenciaria”, refirió.
