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Tras 35 días de paro, se estima que los ingresos del ingenio azucarero la Gloria, en Veracruz, se han visto afectados en 140 millones de pesos.
De acuerdo Carlos Seoane, dueño del ingenio, los 700 trabajadores sindicalizados, así como 250 empleados de confianza y técnicos, y más de 200 jubilados no han recibido su salario o correspondiente pensión, a consecuencia de las cinco semanas en que no se ha permitido el acceso a las instalaciones.
Con el paro, convocado por una fracción de los trabajadores, se exige a la empresa el pago de 20 millones de pesos por utilidades.
“Por el lado del alcohol se dejan de producir cantidades importantísimas, estamos hablando de 4 millones de pesos de pérdida de ingreso diario y si sumas 35 días es una cantidad importantísima”.
A esto se suma la afectación en la derrama económica en la zona, comentó.
Señaló que el problema trasciende lo económico, pues el bloqueo impide el paso y cobro de los proveedores, además de que se corre el riesgo de una posible afectación a la cadena de suministro de azúcar y alcohol, aunque se ha hecho el esfuerzo por cumplir los compromisos con los contratos que se tienen de azúcar.
Sin embargo, en el contexto actual de emergencia sanitaria, calificó como un crimen que se interrumpa la producción de alcohol, pues de los 40 millones de litros producidos al año por su planta, el 90 por ciento se destina como materia prima a la industria farmacéutica y de salud.
El empresario aseguró que se realizaron las denuncias correspondientes por allanamiento y despojo del ingenio contra el grupo de 100 trabajadores eventuales que mantienen tomado el complejo.
“El paro se ha declarado por parte de un grupo minoritario de trabajadores, un paro ilegal, esto ya fue oficialmente aceptado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dado que no hubo ningún emplazamiento a huelga, esta facultad pertenece nada más al Sindicato Nacional Azucarero, es el titular del contrato de nuestra azucarera”, acusó.
Añadió que la petición del pago de 20 millones de pesos por la participación de utilidades no tiene ningún sustento jurídico, y se trata de una extorsión, dado que en mayo se realizó el pago por este concepto con un aumento del 20 por ciento respecto a 2019.
Por otro lado, el acercamiento con la STPS para ofrecer diálogo y tratar inquietudes de los paristas, derivó en un par de reuniones entre las partes involucradas que terminaron con dejos de violencia de los inconformes.
Hoy se realizará una nueva reunión a la espera de darle solución al problema para continuar con las reparaciones del ingenio previas a la próxima zafra que inicia en noviembre.
México
Renata Tarragona/Reforma
