Transan y… ¡bingo!: bloquean a casinero

Autoridades federales le ganaron la partida a los casineros Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio y a su empresa Big Bola.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó bloquear 55 cuentas bancarias de esa cadena de casinos Big Bola.
De 2012 a la fecha, autoridades federales han investigado a los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio por diversas razones, entre ellas lavado de dinero en sus casinos, venta de huachicol de sus gasolineras, la venta irregular del equipo de futbol Gallos de Querétaro, así como en la trama del abogado Juan Collado para apoderarse de la Caja Popular Libertad.

En esta nueva jugada ganada por la autoridad, Comercial de Juegos de la Frontera, razón social de Big Bola, intentó impugnar el bloqueo, pero el pasado 12 de mayo una jueza rechazó el amparo.

Big Bola opera 20 casinos en los estados de Sinaloa, Estado de México, Veracruz, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Sonora y la Ciudad de México, así como un sitio de apuestas en línea desde 2016, al amparo de un permiso de la Secretaría de Gobernación expedido en 1997.
Desde julio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había incluido en su lista de personas bloqueadas al empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, mediante el oficio 110/F/B/6553/2021, como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.

Además, en mayo de 2018 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fincó a Big Bola un crédito fiscal de 591 millones de pesos por omitir el pago de 144 millones de pesos de impuesto especial a las apuestas, así como aprovechamientos a la Secretaría de Gobernación durante el ejercicio de 2014, sumados con actualizaciones y recargos.

Ese año, Big Bola anunció que estaba negociando con el SAT el pago, pero el embargo de cuentas es uno de los medios por los cuales el fisco puede cobrar deudas.

En el más reciente bloqueo contra Big Bola, la jueza no aclara si el bloqueo fue solicitado a la CNBV por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o por alguna otra autoridad.
Además, la Fiscalía General de la República también ha investigado a los casineros por la venta de combustible robado a ductos de Pemex, el cual era vendido en gasolineras del norte del país.

MÉXICO
Staff/Reforma

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