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Un juez federal en Texas emitió el lunes una orden de suspensión para una política del gobierno de Joe Biden que permitiría a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses obtener estatus legal sin tener que abandonar el país, lo que representa un contratiempo, al menos temporal, para una de las iniciativas presidenciales más destacadas en años recientes destinadas a facilitar el proceso de naturalización.
El juez de distrito J. Campbell Barker tomó esta decisión después de que 16 estados, todos con fiscales republicanos, impugnaran el programa que podría beneficiar a aproximadamente 500,000 inmigrantes que ya están en Estados Unidos, así como a cerca de 50,000 de sus hijos. Los estados alegaron que el gobierno federal estaba eludiendo al Congreso con “fines políticos flagrantes”.
Texas, uno de los estados que lidera la impugnación, argumentó en su demanda que ha tenido que asumir gastos significativos, como atención médica y seguridad pública, debido a la presencia de inmigrantes sin estatus legal en el estado.
Anunciado en junio por Biden, el programa ha sido suspendido temporalmente por la corte, con una vigencia inicial de dos semanas que podría extenderse. Esta suspensión se produjo solo una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzara a aceptar solicitudes para el programa.
“El peso de las acusaciones justifica una revisión más exhaustiva que la que el tribunal ha podido proporcionar hasta ahora”, escribió Barker en su fallo.
Barker, quien fue designado juez en Tyler, Texas, por el expresidente Donald Trump en 2019, se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, un tribunal que a menudo favorece argumentos conservadores.
El juez ha establecido un cronograma que podría llevar a una decisión final antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre o antes de la toma de posesión del nuevo presidente en enero. Barker ha dado a ambas partes hasta el 10 de octubre para presentar documentación adicional relacionada con el caso.
El programa en cuestión permitiría a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, que no tienen estatus legal pero cumplen con ciertos requisitos, solicitar una tarjeta de residencia y permanecer en el país mientras se procesa su solicitud. Normalmente, el proceso requeriría una espera prolongada fuera de Estados Unidos, lo que los defensores del programa comparan con una “separación familiar”.
El DHS aún no ha respondido a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.
“La decisión del tribunal de bloquear el alivio del gobierno federal es devastadora para las muchas familias en Texas que podrían haber aprovechado este programa”, comentó Jessica Cisneros, abogada de la Texas Immigration Law Council, el lunes.
Varios solicitantes ya habían sido notificados de la recepción de sus solicitudes, según los abogados que representan a las familias que cumplen con los requisitos del programa y que, pocas horas antes, habían presentado una moción para intervenir en el caso.
“Texas no debería tener el poder de determinar el futuro de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin confrontar la realidad de la situación”, expresó Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center, durante una conferencia de prensa previa a la emisión de la orden.
McALLEN
AGENCIAS
