‘Siempre supimos que fue el Ejército’

Clemente Rodríguez, padre del normalista Christian Alfonso, quien según la Fiscalía General de la República (FGR) parte de sus restos óseos fueron localizados en Cocula, señala que ellos siempre supieron que el Ejército participó en la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Grupo Reforma reveló ayer que de acuerdo con declaraciones de “Juan”, un testigo clave en las indagatorias sobre el caso Iguala, Guerreros Unidos –grupo al que se le atribuye la desaparición de los estudiantes– pagaba a militares de los Batallones 27 y 41 de Infantería de 60 a 120 mil pesos, según el rango, aunque señala que había un General que recibía hasta 5 millones de pesos.
“Nosotros sabíamos de la participación del Ejército. A los muchachos los tuvieron en el cuartel militar de Iguala, eso dice el expediente, indica don Clemente.
Eso lo sabe porque la declaración de “Juan” forma parte del expediente que a ellos como familiares dio a conocer desde hace cuatro años la entonces Procuraduría General de la República (PGR), afirma.
Según don Clemente, “Juan” también habría participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque uno de sus cómplices, quien también está preso, lo acusa de manera directa.
Además, afirma que en ese mismo expediente, al que Reforma tuvo acceso, el testigo involucra al ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos y al ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.
En el caso de este último, dice que “Juan” señala que la noche del 26 de septiembre del 2014 –cuando ocurrió la desaparición– el ex mandatario estaba enterado, a través de la Policía estatal, de lo que estaba ocurriendo con los normalistas y nunca hizo nada para frenar su desaparición.
“En el mismo expediente aparece el nombre del entonces procurador Iñaky Blanco”, dice don Clemente.
Esta parte también fue declarada por el testigo “Juan”, quien señala que además de los pagos a militares y a mandos de la Policía Federal, entre ellos al actual jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien en el 2014 era jefe de la PF en Guerrero, se sobornaba a mandos estatales como el entonces procurador.
Guerreros Unidos, según “Juan”, le entregaba mensualmente 50 mil dólares al entonces procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco y al secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez. Ambos trabajaban en el gobierno de Aguirre.
El papá de Christian señala que en la próxima reunión que tengan con el presidente Andrés Manuel López Obrador, le van a exigir que se investigue en serio al Ejército y que haya detenciones de los altos mandos castrenses, así como a ex autoridades civiles como al ex gobernador Aguirre Rivero y al ex procurador Blanco.
Dice que el próximo 26 de este mes, cuando se cumplen cinco años y cinco meses de los hechos de Iguala, los padres tendrán una reunión para analizar las acciones que van a realizar, sobre todo ahora que se han dado a conocer públicamente detalles del caso.
Por su parte, el abogado de los padres de los 43 normalistas, Vidiulfo Rosales Sierra, dice que aunque la FGR les ha informado sobre ese testigo protegido, quien acusa al Ejército y un grupo de sicarios de Guerreros Unidos de haber participado en la desaparición y muerte de los jóvenes, no les ha informado sobre esas declaraciones o investigaciones sobre el caso.
El defensor señala que de ser cierta esta versión del testigo colaborador, la investigación del caso tomaría otro rumbo, ya que por primera vez se estaría involucrando al Ejército Mexicano de manera directa.

Guerrero
Jesús Guerrero/Reforma