Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación definieron extender el paro de sus funciones jurisdiccionales hasta el próximo 2 de octubre, al considerar que no existen condiciones para concluir su manifestación contra la reforma judicial.
“El Consejo de la Judicatura Federal anunció que el paro se extendió hasta el día 2 de octubre mientras se analiza si persisten las condiciones o no para que se extienda o se levante esa parte todavía no está definida; la situación es exactamente la misma que cuando iniciamos estamos en paro de labores”, apuntó Sergio Rochín García, secretario del Tribunal Colegiado de Circuito en Coatzacoalcos.
En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tramita siete consultas a los 11 ministros para que posicionen si existe la posibilidad de que suspendan la aplicación de la reforma judicial que entró en vigor el lunes 16 de septiembre, previa aprobación del Congreso, y más de la mitad de las 32 legislaturas locales.
“El mensaje que se pretende hacer llegar a la población es que se den cuenta de la necesidad que todos los ciudadanos tenemos que contar con tribunales y juzgados de distrito independientes, autónomos, que no respondamos a intereses políticos, que no respondamos a grupos de poder, que no respondamos a quienes nos han puesto en el lugar donde estamos; la función judicial no es una función popular, es decir, no es una función que agrade a todos pero esa es la naturaleza del trabajo”, señaló.
El paro de los trabajadores arrancó desde el primer minuto de este 19 de agosto en las instalaciones de juzgados y tribunales de al menos 22 de los 32 circuitos judiciales en los que está dividido el país.
Los trabajadores solo atenderán los plazos y términos legales de sus procedimientos, por lo que aún continuarán con la suspensión de labores.
Afirmaron que no hay garantías al salario, ni respeto a las prestaciones.
A DETALLE
Esta reforma propone la elección de jueces y magistrados a través del voto popular, una medida sin precedentes en la historia de México. Los detractores de la reforma temen que este cambio afecte la autonomía del Poder Judicial, poniendo en riesgo su independencia frente a influencias políticas.