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La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) propuso que la designación de la persona que encabece este órgano de la Secretaría de Gobernación, tras la renuncia de Mónica Maccise, se haga a través de un proceso de consulta.
En un pronunciamiento fechado este lunes, planteó que dicha consulta sea amplia, abierta e incluyente, y que considere las voces de las organizaciones involucradas en el combate a la discriminación y el respeto a los derechos humanos.
Maccise renunció el viernes pasado después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Conapred, que fue criticado por la esposa del mandatario, Beatriz Gutiérrez, tendría que desaparecer junto con otros organismos onerosos para el presupuesto.
“Uno de los aspectos fundamentales a fortalecer es la forma de designar a su Presidencia, ya que el marco normativo vigente solo señala que la Presidencia será designada por el titular del Ejecutivo federal, pero no establece un proceso de designación”, indica.
“Desde la Asamblea Consultiva hacemos un llamado respetuoso a la Presidencia de la República para que tome en cuenta los principios (…) en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana para llevar a cabo la designación”.
Para dotar de legitimidad y confianza ciudadana a la designación, abunda el pronunciamiento, debería quedar establecido como mínimo un proceso con etapas y plazos claramente definidos, y que cumpla con el principio de máxima publicidad.
La Asamblea sugirió abrir la posibilidad a la presentación de propuestas y opiniones de amplios sectores de la población, especialmente de los grupos históricamente excluidos y discriminados, para garantizar la participación ciudadana.
PIDEN PERFIL INDEPENDIENTE
En el pronunciamiento, dirigido a la presidente y la Segob, el órgano ciudadano del Conapred subrayó la necesidad de que la persona al frente de este órgano sea independiente y cuente con un perfil acorde con las necesidades de la institución y del momento político del país.
Para la Asamblea, dicha persona debe tener capacidad para intervenir y arbitrar sobre casos relevantes de discriminación en la sociedad; así como liderazgo y autoridad para exhibir y sancionar actos y procesos discriminatorios de las autoridades de todos los niveles.
México
Antonio Baranda/Reforma
