Reforma/Liberal La CIDH instó a que creen políticas públicas sobre seguridad y lucha contra el crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente desde un enfoque de derechos humanos.

Pide CIDH acotar labor de Ejército

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre la ambigüedad en los términos en que está planteada la intervención de las Fuerzas Armadas de México en labores de seguridad pública en acuerdo publicado por el Ejecutivo federal en mayo pasado.
Consideró que no está definida de forma clara la regulación de dicha intervención.
“(La CIDH) reitera a México sus compromisos internacionales y destaca los estándares interamericanos desarrollados por los organismos internacionales de derechos humanos relacionados con el orden público interno y la seguridad ciudadana”, indicó en un comunicado.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, por regla general, el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana están primariamente reservadas a los cuerpos policiales civiles.
“No obstante, las fuerzas armadas podrán intervenir excepcionalmente en tareas de seguridad siempre que su participación se realice de modo extraordinario, subordinado y complementario, regulado y fiscalizado, siendo estas categorías sustantivas y no únicamente nominales”, apuntó.
Diversas organizaciones civiles, señaló, han expresado su preocupación por el hecho de que el acuerdo no explica la excepcionalidad de la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública.

PIDE REGULACIÓN CLARA
SOBRE SU PARTICIPACIÓN
“Tampoco estaría clara la regulación de la actuación de las fuerzas armadas, ya que las normas concordadas que establecerían el marco legal para su participación, en la actualidad, son objeto de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la existencia de cuestionamientos sobre su régimen de transparencia, investigación y rendición de cuentas”, agregó.
“Asimismo, la CIDH llama la atención sobre el establecimiento retroactivo del cómputo del plazo de cinco años determinado en el acuerdo y sus efectos en materia de detenciones y debido proceso”.
Advirtió que en su último Informe de Seguimiento de la situación en México, de 2019, encontró que, si bien normativamente la Guardia Nacional fue concebida como un órgano civil con funciones policiales, su composición transitoria con personal y estructura de tipo militar ponen en duda la desmilitarización de la seguridad pública.
“De cara a la revisión del acuerdo por parte de la SCJN, la Comisión recuerda a México los estándares interamericanos y de derecho internacional ya señalados, que exigen políticas públicas sobre seguridad y lucha contra el crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente desde un enfoque de derechos humanos”, insistió.
“Igualmente, la Comisión alienta al Estado en la implementación de medidas de rendición de cuentas de los operativos de seguridad pública que respondan a los estándares internacionales y las recomendaciones de la CIDH en la materia”.

México
Staff/Reforma

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