MEXICO: EL DERECHO A LA PROTESTA ESTA BAJO AMENAZA

Un grupo de 95 estudiantes — 74 mujeres y 21 hombres— de la Normal Rural Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) fueron detenidos durante una protesta en la carretera de cuota entre Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas por la Policía Federal. Los jóvenes, de entre 18 y 20 años, formaban parte de un grupo de 250 estudiantes normalistas que tomaron varios autobuses de línea y realizaron un bloqueo en la caseta de peaje cuando fueron dispersados por las autoridades con gases lacrimógenos y trasladados a los separos de la Fiscalía del Estado. Los jóvenes exigían hacer el examen de ingreso para el ciclo escolar 2020-2021 de manera presencial porque muchos no tienen acceso a Internet en sus comunidades.

A los jóvenes se les imputan cargos por los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial y del Estado. El juez de control encargado del caso ha dictado prisión preventiva para los 95, los cuales permanecerán en la prisión federal de El Amate hasta la próxima audiencia del 25 de mayo.

Sus familias señalan una total opacidad en el traslado de los jóvenes al penal, antes de las 48 horas que marca la ley, y varias de las detenidas denuncian abuso sexual por parte de los agentes federales que las obligaron a pasar la primera noche en una celda hacinadas, sin poder moverse. “Aparte del maltrato psicológico, fueron golpeadas durante la detención e intimidadas con comentarios sexuales, después recibieron tocamientos de la Policía”, afirma un vocero de la escuela. Los estudiantes que estaban subidos a los autobuses cuando la Policía empezó a dispersar la revuelta fueron detenidos. La mayoría eran mujeres. En imágenes difundidas en redes sociales se ve a algunas de las chicas sobre el techo de un autobús para evitar ser detenidas: “Hago responsable…”, narra una de ellas con la voz nerviosa, mientras los policías les gritan que bajen de la unidad. “Llegaron unos 400 policías y empezaron a lanzar gases lacrimógenos”, relata el representante de la escuela. “En el momento en que íbamos a regresar, las compañeras se subieron al camión y fue cuando comenzó el desalojo de la policía, no pudieron bajar y fue fácil detenerlas”, agrega.

Con los bloqueos, los estudiantes recogen aportaciones para financiar sus actividades, desplazamientos y comida de los alumnos que hacen prácticas en las instalaciones. Desde el 11 de mayo, el grupo de estudiantes comenzó a bloquear las entradas a Tuxtla Gutiérrez, la capital del Estado, como medida de presión para que se cumplieran sus demandas.

Mientras tanto, ni la Fiscalía del Estado ni el gobernador Rutilio Escandón, del partido Morena, han dado a conocer una lista con los nombres de las personas arrestadas, por lo que muchos compañeros y familiares de los jóvenes que participaban en la protesta dan como desaparecidos a varios que aún no han vuelto a casa. Entre ellos hay dos menores de edad de la comunidad de Chenalhó que se sumaron a la manifestación. “Están retenidos porque no hay listas oficiales de detenidos, no hay cargos que se les imputen, no hay rueda de prensa oficial de la Fiscalía”, reclama uno de los compañeros de los normalistas que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias. “Hubo acuerdo de palabra con los padres y la Fiscalía del Distrito Centro y Metropolitano para que pudieran pasar a ver a sus hijos para darles ropa y comida, pero solo algunos padres pudieron entrar”, señala el vocero.

Las normales rurales son el lugar donde se forma la mayoría de maestros que trabaja en las escuelas más desfavorecidas del País y la pandemia por Covid-19 ha sacado a la luz, aún más, la brecha digital que vive México, alcanzando a profesores y alumnos por igual.

Más de 5 millones de niños en México han abandonado las clases por falta de conexión y muchos de sus maestros tampoco han podido continuar su labor desde casa. Chiapas, Oaxaca y Guerrero son algunos de los Estados más afectados. Los normalistas de Mactumactzá se quejan de no tener acceso a Internet para hacer los trámites que el Estado les exige. Para muchos, acceder a una escuela como la Normal Rural les asegura además de formación, techo y comida. Algo que sus familias dedicadas al campo no podrían costear. “El año pasado el examen de ingreso se hizo virtual y presentó muchos problemas e irregularidades, entonces, este año exigimos que la presentación fuera por escrito”, dice el vocero. En 2020 solo un 20 % de los aspirantes que se postularon para entrar en Mactumactzá consiguió entrar, de ahí las protestas de estos días.

La Fiscalía Estatal ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido en la caseta de peaje. Las autoridades dicen que en el operativo decomisaron a los manifestantes mil 464 cohetones y 280 cócteles molotov. La detención de los jóvenes ha generado fuertes protestas en normales rurales de otros Estados. Dos chicas murieron al caer de un camión en la toma de una caseta en la autopista Puebla-Perote y la policía ha seguido reprimiendo con dureza las marchas de apoyo que hubo en Oaxaca y Chiapas que han acabado con destrozos y daños al mobiliario público. A las puertas de la Fiscalía estatal compañeros, maestros e integrantes de la sociedad civil han exigido la puesta inmediata en libertad de sus compañeros y se han convocado más manifestaciones para este fin de semana.

El Gobierno de Chiapas ha explicado en un comunicado que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público a fin de “esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades”. Sobre la financiación de Mactumactzá, el ejecutivo asegura que la escuela ha recibido este año 4,5 millones de pesos para hacer frente a los gastos, pero los alumnos se quejan de los recortes que se vienen sucediendo desde hace varios años en el presupuesto.

Más allá de los comunicados del Gobierno sobre montos de dinero, la sombra de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, cuando se dirigían a una manifestación, planea en el recuerdo de todos aquellos que se han movilizado para pedir la liberación de los jóvenes de Mactumactzá.

No podemos permitir que el miedo venza nuestro derecho legítimo a la protesta pacífica. Salir a la calle y levantar la voz en defensa de los derechos humanos siempre será un acto valiente, pero todas las personas deberíamos poder hacerlo sin temor a represalias.

¿Usted qué opina?

Fuente: https://aristeguinoticias.com
https://www.www.amnesty.org
https://www.elpais.com
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