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La señora Teresa García Flores, madre de una menor indígena de 16 años que fue víctima de abuso sexual en Ixhuatlancillo el 11 de junio de 2022, alzó la voz en una conferencia de prensa desde Xalapa, denunciando la falta de justicia y la revictimización sufrida por su hija.
Con indignación, señaló que el pasado 28 de noviembre, la jueza Norma Landa Villalba, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito de Orizaba, absolvió a Armando Lorenzo Nicolás, acusado en el juicio 22/2024 por abuso sexual contra menores.
“El hombre señalado por mi hija como su agresor fue liberado tras un proceso lleno de irregularidades. Este fallo envía un mensaje devastador a las niñas indígenas: que no vale la pena denunciar porque el sistema no les hará justicia”, expresó con profunda tristeza.
Revictimización y amenazas
García Flores denunció que, desde la denuncia, su hija ha sido víctima de hostigamiento y agresiones constantes en su comunidad. “Mi hija ha sido humillada públicamente con perifoneos y reuniones donde la insultan y la señalan como culpable. Han dicho cosas aberrantes como que debería estar agradecida porque alguien se fijó en ella o que ya no tiene valor porque fue violada”.
Además, relató que su familia enfrenta amenazas y agresiones. “El pasado 2 de noviembre, los familiares del acusado amenazaron nuevamente a mi hija. Y el 27 de noviembre degollaron a nuestra mascota como advertencia”.
Exigen revisión judicial
La madre solicitó una revisión exhaustiva del caso y las pruebas presentadas, pues cuestiona la imparcialidad de la jueza al desestimar los testigos de la víctima y aceptar los de la defensa. Asimismo, pidió medidas de protección para su familia y la investigación de la organización Mujeres Voluntarias para el Desarrollo de Ixhuatlancillo, vinculada con el acusado.
Contexto de violencia estructural
García Flores destacó que los municipios indígenas de Veracruz tienen altos índices de violencia sexual contra menores, según datos de la Secretaría de Gobernación, debido en gran parte a la normalización de estas prácticas por usos y costumbres.
“Este caso es un precedente histórico que visibiliza cómo el sistema judicial falla en proteger a las niñas indígenas, quienes enfrentan una doble discriminación: por ser mujeres y por pertenecer a comunidades marginadas”, concluyó.
