LA LEGALIDAD, UN DERECHO HUMANO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL

Los derechos contenidos en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, están dirigidos para su respeto y cumplimiento a todo agente del Estado, esto es, a toda autoridad, sea administrativa, legislativa o judicial, aun cuando existan particularidades en la manera en que cada una de ellas tenga que cumplir con esos derechos.
Los particulares ejerciendo actuaciones propias de una autoridad en virtud del ejercicio de la potestad unilateral en situación de supra ordinación frente a otro particular en razón de un mandato legal o de un acto de autoridad que así lo faculte, estarían también sujetos al cumplimiento de los requisitos del párrafo primero del ya mencionado artículo 16 Constitucional para emitir actos de molestia válidos, ya que su actuación es equiparable a la de la autoridad legalmente constituida.

MANDAMIENTO POR ESCRITO
El primero de los requisitos de validez de los actos de molestia, se encuentran en la necesidad que del mandamiento de la autoridad se encuentre por escrito.
Esto excluye por principio de cuentas la posibilidad de emitir tales actos por medio de órdenes verbales; no obstante ello, y aun cuando en términos generales el requisito de constar por escrito presupone la emisión del acto de autoridad en un soporte material, como tradicionalmente es el papel, ello no excluye la posibilidad de la utilización de medios electrónicos u ópticos para la emisión de tales actos sobre todo en los casos de las audiencias orales u otros actos en donde, a pesar del acta que se levante con la versión estenográfica, el dictado del acto conste a través de su grabación en un soporte óptico.
En ese sentido, para el cumplimiento de ese requisito, lo que se busca es dar certeza al gobernado sobre: (1) quien emite el documento (2) cuando y donde se emite (3) en un idioma entendible para el sujeto destinatario del acto. (4) que quien emite el acto realmente expresó su voluntad en el sentido del mismo.

EL CONCEPTO DE AUTORIDAD COMPETENTE
El segundo de los requisitos de la validez del acto de molestia, es el concepto de autoridad competente.
La competencia constitucional de las autoridades consiste, según se ha interpretado por los tribunales de la federación, en la facultad o potestad derivada de alguna disposición constitucional o legal que se confiere a una autoridad determinada. Sobre ese punto la competencia esta íntimamente ligada con el principio de legalidad en el que mientras que el particular puede hacer todo aquello que no le este expresamente prohibido, a la autoridad corresponde únicamente hacer aquello que la ley expresamente le permite ya que de lo contrario se caería en el régimen arbitrario.

LA OBLIGACIÓN DE FUNDAR LOS ACTOS DE MOLESTIA
Cuando el primer párrafo del artículo 16 establece que las autoridades deben fundar sus actos, se ha entendido tradicionalmente por tal obligación como cita precisa de los preceptos legales aplicables al caso. Ciertamente una obligación positiva o formal de las autoridades estatales en el sentido de tener que incluir en el documento por escrito que contenga el acto de autoridad la cita clara y precisa de las normas aplicables al caso que justifiquen la causa de su legal proceder.
No obstante, a ello, pareciera que, de interpretar el nuevo sistema de derechos humanos derivado de la reforma constitucional de junio de 2011, los derechos humanos no pueden ser vistos únicamente en su dimensión formal, si no de conformidad con su propia naturaleza. Hasta ahora, se ha entendido al párrafo primero del artículo 16 como una mera regla de aplicación, pero si a la luz de este nuevo paradigma constitucional, los derechos humanos han de entenderse como principios o mandatos de optimización y ya no sólo como reglas formales, entonces es innegable que no sólo puede reconocerse una dimensión adjetiva o formal en el derecho a la debida fundamentación y en su caso también a la debida motivación, si no también una dimensión substantiva que implica obligaciones adicionales más allá del mero cumplimiento de la formalidad que sean compatibles con la naturaleza del derecho que se deba respetar.
Ello obliga a entender que en la obligación de aplicación correcta de la ley, no sólo se trata de la inclusión en el documento de norma aparentemente aplicable sino que, además en el ámbito competencial de cada autoridad, al realizar una interpretación conforme de una norma cuando ésta tenga algún problema de incompatibilidad en cuanto a alguna o varias de sus interpretaciones con la Constitución o algún derecho humano contenido en alguno de los tratados internacionales de los que México es parte, o si esta interpretación conforme resulta insuficiente a ejercer control difuso de Constitucionalidad y convencionalidad a efecto de determinar la inaplicabilidad de la norma y en su caso la aplicación directa de la Constitución o de la norma de la convencionalidad que brinde la mayor protección a la persona.

FORMAS DE CUMPLIMIENTO DE LA FUNDAMENTACIÓN
Ahora bien, la obligación de fundar y motivar, como ya se ha mencionado, puede tener distintas intensidades o modalidades en función de quien es el sujeto obligado a cumplir con el requisito al momento de dictar un acto dentro de su esfera competencial y de cuál es la naturaleza del mismo. En este sentido, podríamos decir que incluso tratándose de actos de molestia, pueden existir diversas modalidades de intensidad, dado que no podría ser exigible el mismo grado de detalle en la fundamentación y motivación de una multa de tránsito, que un acta de visita de verificación o en una resolución intermedia recaída en un procedimiento administrativo. La obligación de fundar y motivar debe cumplirse tratándose de facultades discrecionales (debe justificarse el sentido de la decisión dentro de la discrecionalidad) pero que, en materia de facultades extraordinarias concedidas al ejecutivo, la regla a seguir es la misma que la de la fundamentación y motivación en materia legislativa.

CONTINUARÁ…
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Fuente: http://biblio.juridicas.unam.mx
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